La defensa de varios altos cargos de la Junta pide la nulidad de las actuaciones

En un escrito al que ha tenido acceso ABC, el letrado asegura que hace escasamente un mes ha tenido conocimiento de que el exintereventor de la Consejería de Empleo había declarado ante la Guardia Civil sin la presencia del resto de las partes personadas y que también presentó un informe sobre las transferencias de financiación.

Sin embargo y pese a que la representación de ese testito solicitó que se incorporase su declaración a las actuaciones , ésta no fue incorporada a las diligencias cuando el interventor fue interrogado a Alaya el pasado mes de julio. En este sentido la defensa asegura que no hay nada que justifique que se sustrajera al conocimiento del resto de las partes esa declaración mientras una de ellas si que reconoció que había tenido acceso a estos documentos.

Ademas el abogado insiste en que la juez ha decretado la adopción de medidas cautelares sobre el exinterventor, Manuel Gómez así como sus propios clientes Antonio Lozano y Buenaventura Aguilera, antes de haber entregado a las partes esos documentos. Y asegura que el  hecho de que la instructora disponga de esos documentos sin que el resto de ellas tengan acceso vulnera el artículo 24 de la Constitucion española y la Ley de Enjuiciamiento Criminal .

En este sentido Mohedano asegura en su escrito que la documentación ocultada «contradice el carácter inadecuado de las tranferencias de financiación» y por tanto defiende la legalidad de éstas. Además, segun esa documentación «no existe ninguna limitación ni legal ni de criterio para crear una transferencia de financiació no prevista en el presupuesto inicial» . Por todo ello Mohedano insiste en que «las actuaciones adolecen de vicio de nulidad en lo que atañe a mis representados». La juez tendrá que decidir en los próximos días sobre ese escrito que, con toda probabilidad, acabará en la Audiencia de Sevilla.