Aguayo votó a favor de dar tres ayudas de los ERE pese a los reparos legales

Como miembro de este órgano colegiado, la entonces viceconsejera de Hacienda de José Antonio Griñán (consejero del ramo entre 2004 y 2009) autorizó el 13 de febrero de 2006 la firma de dos convenios de colaboración entre la agencia y la Dirección General de Trabajo para abonarle 1,2 millones de euros a la empresa Corchos y Tapones de Andalucía SA y 503.132,28 euros a Nazapet SAL. Las ayudas habían sido concedidas por el director general Francisco Javier Guerrero , uno de los principales imputados en el caso de los ERE, quien aseguró que la entonces viceconsejera «conocía el procedimiento de ayudas» que investiga la juez de instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya.

El 25 de septiembre de 2006,la actual diputada autonómica no asistió a otra reunión del consejo rector de IDEA, pero delegó su representación en el entonces consejero de Innovación y presidente de la agencia, Francisco Vallejo . En dicha sesión, apoyó, con el voto delegado, otro convenio para pagarle una subvención excepcional de 3,8 millones de euros a A Novo Comlimk , empresa radicada en el Parque Tecnológico de Málaga, de nuevo con cargo a la partida presupuestaria 31L, que fue bautizada por Guerrero como «fondo de reptiles».

El juzgado de primera instancia número 3 de Sevilla desestimó en octubre una demanda civil de Martínez Aguayo «en defensa y protección de su honor» contra el presidente del PP en esta provincia, Juan Bueno. El dirigente popular afirmó que la exconsejera «posiblemente tuviera responsabilidades» en el caso de los ERE ya que «participaba en el otorgamiento de las ayudas». Pero lejos de impactar en su objetivo, la denuncia de Aguayo ha tenido un efecto bumerán. El recurso de 114 páginas que presentó el letrado de Bueno, Luis García Navarro, desmonta la versión de la exconsejera, uno de los siete aforados que, a juicio de Alaya, podría haber incurrido en los delitos de «prevaricación y malversación entre otros», sin precisar más.

«A mayor abundamiento de las ilegalidades cometidas por la Sr. Martínez Aguayo, hemos de destacar que, al menos, la subvención concedida a Corchos y Tapones de Andalucía SL (propiedad de Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente andaluz), ha sido declarada nula de pleno derecho», según detalla el recurso del presidente del PP. Esta formación ha pedido que los documentos y testimonios aportados a este procedimiento se incorporen a la causa de los ERE. Para el PP, también ha quedado acreditado que participó en el «regalo» de una finca pública al Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas (Sevilla) en 2004 para que Rodríguez de la Borbolla instalara una planta de ionización para el tratamiento de corcho.

Aguayo admitió que no había remitido a Griñán los informes dirigidos a él desde 2005 con objeciones al sistema de los ERE. «No se leía con detalle ni se le prestaba atención a esos informes» , confesó en marzo de 2011.