Alaya impone 2.600 millones de euros en fianzas por los ERE... de momento

El «premio gordo» se lo llevó el exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández . La juez determinó que debía depositar algo más de 807 millones de euros. Esta cantidad cubre lo que la magistrada estima que el acusado podría haberse llevado -o haber facilitado a otros- y no es una forma de evitar la cárcel. De hecho Fernández estuvo preso por el caso y debió pagar 450.000 euros para verse en libertad.

La segunda fianza más abultada en este caso -de momento- es la que se le impuso Alaya al exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero . La juez estableció su responsabilidad civil en 686 millones de euros. En este caso, dicha cantidad tampoco tenía como objetivo eludir la cárcel. Únicamente cubre la responsabilidad civil del político socialista. Aparte de ese dinero, tuvo que pagar 50.000 euros para salir de la cárcel -donde ha estado dos veces-.

El tercer puesto en cuanto a fianzas desorbitadas es para Agustín Barberá, quien fuera viceconsejero de Empleo, a quien Alaya impuso una fianza civil de 490 millones. Le sigue Juan Márquez Contreras, sucesor de Guerro al frente de la dirección de Trabajo de la Junta de Andalucía, quien debe pagar 173 millones.

Aún por encima de los 100 millones están los tres directivos de Vitalia, la aseguradora que medió en el proceso de adjudicación de los ERE y donde Alaya sospecha que se repartieron comisiones de dinero público y además se incluyó a intrusos en los Expedientes de Regulación de Empleo. Así, Eduardo Pascual, María Voqué y Antonio Albarracín deben pagar 111,7 millones de euros cada uno . Esto es, más de 335 millones.

Los tres imputados con mayores fianzas deben depositar casi 2.000 millones Tan solo con estos cinco acusados, las fianzas del caso alcanzan cantidades astronómicas: más de 2.490 millones de euros . Para poner esa cantidad en perspectiva, valgan los siguientes datos: el presupuesto de la Junta es en 2013 de unos 30.000 millones de euros, es decir, los hasta ahora imputados se habrían llevado, supuestamente, un 10% de todo el dinero que gasta la Comunidad en un año. Otro dato: el presupuesto de Educación de la Junta de Andalucía para este ejercicio es de unos 6.000 millones de euros. La mitad de esa cantidad es lo que, de momento, tienen que depositar los imputados por el caso de los ERE. Y eso solamente los que tienen mayores fianzas.

Pero hay más. En la «segunda división» de las mayores fianzas aún hay quien tiene que depositar mucho dinero. José González Mata, dueño de la consultora Uniter debe pagar 98 millones; Antonio Lozano , viceconsejero de Presidencia con José Antonio Griñán , debe hacer frente a una fianza de 46 millones de euros; el conseguidor Juan Lanzas, algo más de 15 millones; su mujer, Patrocinio Sierra, 14 millones de euros; el directivo de Vitalia Jesús Bordallo, 15 millones. Pero tampoco acaba aquí la cosa.

En el vagón de cola de las fianzas, Alaya sitúa a Daniel Alberto Rivera, exdirector general de Trabajo -con siete millones de fianza-, María José Marcos, esposa del exdirectivo de Vitalia Antonio Albarracín , -que debe depositar cinco millones de euros-, a la empresaria Encarnación Poto -con cuatro millones de fianza- a Ismael Sierra, cuñado de Juan Lanzas , sindicalista y «conseguidor» de los ERE -que debe pagar 1,9 millones-, Roser Massa, directiva de Vitalia, -400.000 euros-, Beatriz Núñez , empleada de una empresa pantalla presuntamente usada en la trama de los ERE -400.000 euros-, y los sindicalistas Roberto Carmona -470.000 euros- y Salvador Mera -250.000 euros-.

Estos, que son los imputados con fianzas más importantes, suman por ahora una cifra que pasa de los 2.500 millones de euros (la cifra exacta es de 2.698 millones). Y aún no han pasado todos -ni mucho menos- por el despacho de la juez Alaya. Hay fuentes que sitúan las responsabilidades civiles de los imputados en esta trama de corrupción en más de 3.000 millones . De momento, la magistrada ya solo está a 300 millones de esa cantidad.