Alaya justifica la fianza de 46 millones Lozano en que pudo impedir el uso de las transferencias de financiación

En un auto firmado el pasado viernes al que ha tenido acceso ABC, la juez impone a Lozano, que le pasado jueves protagonizó un sonoro rifirrafe con la instructora , una fianza de 46.666.666 euros después de haberle imputado sendos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos . La fianza se produce pese a que la Fiscalía Anticorrupción no la solicitó ya que solo la pidieron las acusaciones particulares del PP y Manos Limpias. La defensa de Lozano ya ha anunciado su intención de recurrir esa fianza.

Sin embargo, la instructora insiste en que durante el tiempo que Lozano fue director general de Presupuestos, entre 2002 y 2009 «se utilizaron de forma inadecuada» las transferencias de financiación consignando de esa manera el programa 31-L que, en realidad, eran créditos destinados a subvenciones que se iban a conceder por la Consejería de Empleo.Y todo ello «obviando el procedimiento legalmente establecido» para gastos de esta naturaleza y la fiscalización por parte de la Intervención General de la Junta de Andalucía.

Además Alaya recuerda que durante su declaración el pasado jueves, Lozano admitió que la partida de transferencias de financiación no podía utilizarse para conceder subvenciones. La juez recuerda que con el sistema empleado para conceder las ayudas se conculcó  la Ley y también que la ausencia de control sobre las subvenciones «generó unos déficit millonarios que alcanzaron los 94 millones de euros en 2005».

Igualmente la instructora justifica la fianza en el hecho de que todas esas consecuencias de la distorsión en la financiación y control fueron puestas de manifiesto por su sucesor en el cargo a los 45 días del cese de Lozano. Y ello, a juicio de Alaya, prueba que el imputado, como director general de Presupuestos , «podía impedir el uso de la partida de la transferencia de financiación".

Por ello Alaya justifica la fianza, además en el peligro de insolvencia por la demora de las actuaciones que, según dice, se prevén «dilatadas en el tiempo».Y también en que se trata de una medida ajustada y en equilibrio con las impuestas a otros cargos de la Consejería de Empleo.

Por ello basándose en las modificaciones presupuestarias que fueron aprobadas por el imputado por valor de 57 millones de euros, la juez impone cinco millones de fianza por cada ejercicio económico que Lozano estuvo en el cargo. Eso supone 35 millones de euros más el tercio legal que se impone en estos casos. En total le pide 46.666.666 euros y convoca una audiencia para que el imputado preste la fianza o, en su caso, le sean embargados los bienes para cubrir dichas responsabilidades.

La noticia de la fianza se produce en vísperas de la citación del sucesor de Lozano, Buenaventura Aguilera, citado igualmente como imputado para hoy. Alaya no ha impuesto sin embargo fianza ni al exinterventor, Manuel Gómez, ni al que fuera director de fianzas de IDEA , Antonio Díz-Lois. Y tampoco a la que fuera secretaria del exdirector de Trabajo, María José Rofa. Alaya ha valorado para no imponer fianza a ésta última su «contribución al esclarecimiento de la causa».