Alaya impone una fianza de un millón de euros al exdirector de Presupuestos de la Junta

En este caso, según la juez, se persiguen delitos como la malversación y la prevaricación que «atacan directamente a los intereses colectivos y ciudadanos» por lo que cree que las acusaciones populares están legitimadas para solicitar la imposición de una fianza y el embargo subsidiario.

Según la juez, aunque en los presupuestos del año 2010 y 2011 desaparecieron las trasnferencias de financiación, en las memorias del presupuesto del programa 31-L del ejercicio 2010 se decía que el objetivo era continuar con la línea de colaboración con IDEA en aplicación del concierto en vigor desde el año 2001 a través de la encomienda de gestión.

Y que ello no supuso ningún cambio en el sistema utilizado por la Consejería de Empleo para el otorgamiento de las ayudas públicas. Algo que, según insiste Alaya, «era consentido por el referido imputado» no solo por ser el órgano directiv o en materia de elaboración presupuestaria sino porque cada año «se tuvo que reunir con la Consejería de Empleo para analizar la necesidad, eficacia y grado de ejecución de los programas de la 31-L».

Además Alaya recuerda que Buenaventura Aguilera tramitó una modificación presupuestaria por valor de veinte millones de euros para incrementar las transferencias de financiación a IDEA y que esos fondos no se llegaron a utilizar por Empleo. Por ello decide imponerle una fianza de 400.000 euros por ejercicio más el tercio legal, lo que suma un millón.