Andalucía, la única autonomía que ha expropiado para evitar un desahucio

El Pleno del Parlamento andaluz del pasado 25 de septiembre aprobó con los votos del PSOE y de IU y el rechazo del PP la ley de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, conocida también como «ley antidesahucios·.

Su entrada en vigor permitió la derogación del decreto que en marzo promulgó la Junta y que el Gobierno central recurrió en junio al Tribunal Constitucional. La ley, de momento, no ha sido impugnada (tampoco la de Navarra), aunque todo parece indicar que correrá la misma suerte que el decreto, por cuanto mantiene el punto que ha concitado las mayores controversias: las expropiaciones. En otras comunidades, por el momento, la problemática de los desahucios se ha abordado renunciando a este tipo de medidas, de forma que se ha dado prioridad a planes y programas con los que se persigue el mismo objetivo.

A modo de ejemplo, el Gobierno de Asturias activó en noviembre de 2012 un plan de choque contra los desahucios que incluye la creación de una oficina de información y asesoramiento, convenios de colaboración con entidades financieras y la reserva de viviendas públicas para ponerlas a disposición de las familias objeto de desahucios.

En Aragón existe un programa de mediación hipotecaria y de alquiler social y una red de bolsas de viviendas con facilidades de acceso, al tiempo que se han firmado acuerdos con el Consejo General del Poder Judicial y convenios con los ayuntamientos.

Baleares impulsó un plan de alquiler con reducciones en los precios, y de otro lado dispone de mecanismos para la interrupción temporal de los desahucios. El Ejecutivo de Canarias también ha querido seguir los pasos de la Junta de Andalucía, y aunque anunció que pensaba reformar la ley de la vivienda para incluir las expropiaciones de pisos vacíos, de momento ha decidido aplazar la medida.

Por su parte, la vicesecretaria de Territorio del PP-A, Alicia Martínez, ha invitado a la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU), a que ceda su cargo a otra persona si no es capaz de resolver el problema de los desahucios , al tiempo que ha considerado tan inconstitucional la nueva ley aprobada por el Parlamento como el decreto que recurrió el Gobierno central. «Resulta sorprendente –señaló Alicia Martínez a ABC– que las comunidades aprueben normativas que encajan dentro del orden constitucional, y que sea en Andalucía donde se haya tenido que esgrimir una ley que hunde los pilares en, fundamentalmente, las expropiaciones, algo que no es constitucional».