La Junta señala la lista de aforados a imputar: Griñan y cinco consejeros

Así José María Mohedano, abogado del viceconsejero de Presidencia, Antonio Lozano y el exdirector de Presupuestos, Buenaventura Aguilera, señala entre esos aforados (de los que indica el tribunal ante el que deberían ser juzgados) al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, por haber sido consejero de Hacienda desde 2004 y a cinco consejeros más. Entre ellos los actuales de Hacienda y Economía, Carmen Martínez Aguayo y Antonio Avila respectivamente, además de los exconsejeros José Antonio Viera, Francisco Vallejo y Manuel Recio.

Para defender a su cliente, el abogado de Lozano ha enviado junto a su recurso un gráfico señalando los aforados que no han sido imputados y que podrían serlo. Pero además de darle esa lista, el recurso no sólo pide la nulidad del auto de imputación, sino que lanza un grave ataque a la juez a la que acusa de estar reteniendo el caso al no imputar a los altos cargos que, por ser parlamentarios.

De hecho en su escrito, de 31 folios, Mohedano recuerda que ya en abril de 2012 la juez hizo «una selección aleatoria de personas o cargos públicos» entre los que se encontraba José Antonio Viera, (exconsejero de Empleo) superior jerárquico del imputado Antonio Fernández (que también ocupó el mismo cargo) cuando el primero fue consejero de Empleo entre los años 2000 y 2004. Sin embargo, según el letrado, la juez, a pesar de lo que dijo en ese auto y de lo que figura en las actuaciones no dirige la imputación contra Viera. «No lo hace porque se trata de un aforado y a lo largo de toda la instrucción ha intentado eludir la imputación de cualquier aforado mediante elevación de la propuesta al Tribunal competente», mantiene.

Además de volver a comparar el caso con el de la Infanta,recalca que la juez carece de competencias para enjuiciar leyes como la de los presupuestos y le recuerda que los programas que investiga no fueron elaborados por la Dirección General de Presupuestos. Y se pregunta por qué se produjo la «corruptela procesal» de que Aguilera declarase ante la Guardia Civil en agosto de 2012 pese a que la juez estaba «en pleno dominio de la instrucción penal».