La Junta de Andalucía recurrirá ante el Constitucional la Ley de Costas

Se trata del séptimo recurso ante el alto tribunal que interpone la Junta de Andalucía en lo que va de legislatura y se suma al también anunciado hoy por el Gobierno Vasco contra esta normativa, al considerar igualmente que invade competencias autonómicas.

El pasado 1 de julio, representantes de los gobiernos de Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña y el País Vasco, cuyas costas suponen más de la mitad del litoral español, mantuvieron una reunión y anunciaron su intención de recurrirla.

Según Vázquez, la citada norma estatal, que modifica la Ley de Costas, constituye una «regresión» en lo que respecta a la protección del litoral, pues existe la posibilidad de que terrenos anteriormente protegidos sean ahora susceptibles de urbanización.

A juicio del Gobierno andaluz, esta norma supone un «ataque frontal» a la protección del dominio público marítimo-terrestre y a las competencias autonómicas en ordenación del territorio y urbanismo.

La Junta cree que se pretende primar intereses particulares, favorecer la privatización de espacio litoral, limitar su uso público, reducir el papel garantista de la administración y promover desarrollos urbanísticos «insostenibles».

Entre los artículos que se recurrirán destaca el 1.2, que cambia la propia definición del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) sustituyendo las realidades naturales y comprobables de los límites que marcan las mareas por unos «criterios técnicos» que se establecerán «reglamentariamente».

El Consejo de Gobierno señala que esta remisión provoca inseguridad jurídica y una regresión a la situación de desprotección de la costa española anterior a 1988, ya que abre la puerta a que terrenos anteriormente protegidos por su inclusión en una zona claramente delimitada sean ahora susceptibles de urbanización o de otros usos perjudiciales para el medio ambiente.

El Gobierno andaluz subraya la duda de si se abre el camino a la existencia de playas privadas fuera del dominio público, por lo que solicita al Constitucional un pronunciamiento interpretativo que excluya expresamente esta posibilidad.

La nueva norma estatal excluye también del DPMT los terrenos inundados artificialmente con destino a cultivos marinos o salinas, incluso en el caso de que sean naturalmente inundables (el artículo 1.39), lo que, en opinión de la Junta, supone otra tergiversación arbitraria del concepto de dominio público.

Otro precepto que cree que debilita la protección jurídica del espacio litoral es la disposición adicional décima, que crea la figura de las denominadas «urbanizaciones marítimo-terrestres» (núcleos residenciales en tierra firme con sistemas viarios navegables construidos a partir de la inundación artificial de terrenos privados).