«Para señalar la sucesión no era necesario convocar unas primarias a gusto del convocante»

La carta, a la que ha tenido acceso Efe y que fue remitida a los miembros de la Comisión Ejecutiva Federal en la víspera de la reunión convocada para analizar las primarias andaluzas, está firmada por el expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla , el expresidente del Parlamento andaluz Antonio Ojeda, el exsecretario general del PSOE-A Carlos Sanjuán, y el exalcalde de Sevilla, Manuel del Valle, entre otros.

Los firmantes analizan la «validez jurídica y legitimidad» de la decisión adoptada por la Ejecutiva regional del PSOE-A y concluyen que no han sido respetadas las «normas reguladoras» del partido ni las aplicables a las fuerzas políticas en general, por lo que piden a la dirección federal que suspenda un proceso que, tal y como está planteado, consideran «dañino» para el PSOE.

El escrito, que no ha recibido respuesta de la dirección federal, se basa en las normas reguladoras del proceso de elecciones primarias, que establecen «sin duda de ningún tipo», en el artículo 36 de los estatutos, que «la competencia de decidir sobre su apertura corresponde al Comité Federal del PSOE».

«En el caso de Andalucía, es evidente que esta norma no ha sido respetada», pues fueron convocadas sin la participación previa del Comité Federal, que ha sido «desposeído» de sus facultades, situación que «viene agravada por el hecho de que nace de la iniciativa de una federación regional cuyo secretario general es, simultáneamente, el presidente de la Ejecutiva Federal del PSOE».

Asimismo, el escrito señala que no existe «ni una sola razón política de peso, aquí y ahora» para abrir un proceso de elección de candidato a la Presidencia de la Junta, en el que «no se tiene en cuenta el servicio a los intereses generales de la sociedad por encima de los intereses de facción, grupo dirigente o de partido».

«Para este viaje no hacían falta tantas alforjas, para señalar la sucesión no era necesario convocar unas primarias a gusto del convocante », señalan los firmantes, que agregan que si lo que José Antonio Griñán quiere es «irse ya mismo» puede «dimitir tranquilamente» y el partido procedería a una «sucesión normalizada, sin fuegos fatuos, ni vulneraciones de derechos de los militantes».

«Ahora bien -prosigue la carta- mientras continúe Griñán de presidente habrá de cumplir plenamente con su función, no caben ejercicios parciales del cargo».

Según los promotores de este informe, para estar en condiciones de acceder a la presidencia de la Junta si Griñán decide irse antes de que acabe la legislatura «es necesario ser parlamentario», con lo que las primarias provocan un «reparo objetivo» y es que «restringe» la condición de elegible a sólo 46 militantes, lo que supone un «atentado» contra el derecho «fundamental» de participación .

«Ello es así porque, en este caso de Andalucía, se está utilizando el sistema de primarias para atender a algo para lo que no está pensado», dicen los firmantes, que califican el proceso de «cooptación reglada de sucesor o sucesora en el mando» del que no hay precedentes en el Derecho Político Comparado si se exceptúan las prácticas «de los antiguos Partidos comunistas de modelo soviético».

Agrega que «cae por los suelos» el respeto a los principios de «seguridad jurídica» y de «confianza legítima» porque el PSOE se había comprometido a la convocatoria de primarias en momentos cercanos a los procesos electorales, de forma que esta decisión demuestra una «grandísima caprichosidad» .

«Ante lo que está pasando, todo ciudadano está legitimado para pensar que el PSOE de andalucía no está actuando de buena fe» y puede «sentirse engañado», aseguran.

Los firmantes advierten también de que, al «convalidar» este proceso, la Ejecutiva federal actuaría en contra de la «doctrina de los actos propios».

«Las comisiones ejecutivas regionales no tienen competencia para convocar unas elecciones primarias, las normas del PSOE únicamente les reconocen una capacidad de propuesta de "ajuste territorial del calendario"», subraya el escrito, que repasa los distintos artículos que regulan este proceso para concluir que en Andalucía se han puesto en cuestión «un conjunto amplio y significativo de valores y principios».