El PSOE acusa a Alaya de abrir una «causa general» a los gobiernos de la Junta

El dirigente socialista ha lanzado estas críticas a la juez minutos antes de comenzar el comité director del PSOE andaluz que abrirá por primera vez en su historia un proceso de primarias y tras el auto de la magistrada que ha imputado a veinte cargos y excargos de la Junta.

Entre ellos, a la exministra de Fomento y exconsejera de Economía de la Junta, Magdalena Álvarez, al actual número dos de la Consejería de Presidencia, Antonio Lozano, y al exinterventor general, Manuel Gómez.

«El PSOE ha sido respetuoso con todas las decisiones de la juez, pero las casualidades no existen y es absolutamente chocante la coincidencia reiterada entre la agenda política del PSOE y los pasos más significativos de la instrucción de este caso», ha manifestado a los periodistas.

Mario Jiménez se ha referido a las continuas «coincidencias» de la publicación de los autos de la juez que instruye el caso de los ERE con acontecimientos políticos como la pasada campaña electoral y otros eventos políticos que «han marcado» la agenda y la opinión pública y mediática.

«Lo de hoy nos llena de preocupación porque es un paso en la instrucción que traslada la sensación de una causa general contra los gobiernos del presidente Chaves y del presidente Griñán. Se acusa a una serie de personas sin imputación delictiva a funcionarios honestos que quedarán marcados», ha expuesto.

El número dos de los socialistas andaluces no ha dudado en señalar que la acusación a Alaya de abrir una «causa general» a los gobiernos de la Junta está basada en «motivaciones políticas y no jurídicas».

«Es muy sospechoso y llamativo el auto de hoy con el comienzo del proceso de primarias», ha enfatizado Jiménez, que ha confiado en que la Fiscalía «reaccione y ponga las cosas en su sitio».

De hecho, ha esgrimido que «no se entendería» que la Fiscalía no actúe y ante un auto que «no se entiende», y ha apelado a la tutela judicial efectiva y al estado de derecho para que se produzca dicha actuación.

«Nos gustaría que funcione el estado de derecho y que las instancias correspondientes corrijan la situación», ha sostenido el vicesecretario general.