La Guardia Civil acusa a la Junta de torpedear la investigación de los ERE

El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía remitió a la juez de instrucción número 6, Mercedes Alaya, «más de 2.500 folios de documentación adjunta» a un escrito. En ellos «se describen operativas económicas a través de las cuales el despacho de abogados Estudios Jurídicos Villasís realizaría pagos a favor de terceros siguiendo instrucciones del que fuera director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero», según detalla el informe. Asimismo, Alaya pidió el 31 de octubre de 2012, a instancias de la UCO, «la relación de subvenciones excepcionales tramitadas por la Consejería de Empleo durante los años 1998 a 2010, con el detalle de cuáles de éstas se concedieron, cuáles se denegaron, la identidad del beneficiario y el importe de la ayuda».

La Guardia Civil no entiende por qué motivo la Junta tardó tanto en presentar la documentación.«Llama poderosamente la atención la demora en presentar esta documentación, ya que obraría en poder del Gabinete Jurídico desde, por lo menos, febrero y abril de 2012, como demuestran los sellos de compulsa firmados por la jefa del departamento de Régimen Jurídico de Trabajo de la Consejería de Empleo», detallan en el informe. La UCO pone de manifiesto que no existe causa objetiva para la demora.

Los esclarecedores papeles, que han servido para desmontar la presunta organización criminal que propició el «saqueo de las arcas andaluzas» con la «connivencia» de sindicatos, cargos públicos y mediadores -según sostiene la magistrada en el auto de prisión de González Mata-, fueron entregados a la juez el 28 de enero de 2013, incorporándose a la investigación que hasta hace un mes estaba bajo secreto de sumario.

La Guardia Civil desarma la tesis oficial del Gobierno andaluz centrada en apremiar a la juez a acelerar la instrucción. De ello da prueba el consejero andaluz de Justicia, Emilio Llera, fiscal en excedencia, que ha pasado en pocos meses de pedir públicamente que no se presione a la juez para que «se cure tranquilamente» de las cefaleas que la mantuvieron apartada del proceso durante casi seis meses a reclamarle «celeridad», porque el caso «alarma» a los ciudadanos. Además recuerda que fueron precisos «numerosos requerimientos de colaboración solicitados por el propio juzgado», recogidos en otro auto del 18 de octubre de 2011, para que pudiera disponer de «la relación de ayudas sociolaborales y a empresas resueltas favorablemente por la Consejería de Empleo y no pagadas, que no están incluidas en el desplegable».

No es la primera vez que Griñán pone límites a la transparencia que pregona en el caso de los ERE. Sin ir más lejos, el PSOE vetó diez veces en la pasada legislatura una comisión de investigación. Ésta no vio la luz hasta que perdió la mayoría absoluta y quedó a merced de su pacto con IU. Su empecinamiento en no entregar a la juez las actas secretas de 480 Consejos de Gobierno le llevó a interponer un conflicto de jurisdicción ante el Tribunal Supremo. Le echó un pulso a Alaya y lo acabó perdiendo.

Esta información sale a la luz, precisamente, después de que este jueves Griñán hablase de «transparencia» en el Parlamento andaluz, cuando anunció que no volvería a presentarse con candidato a la Presidencia en las próximas elecciones autonómicas. «La transparencia es la mejor arma contra los casos de corrupción», aseguraba el todavía presidente de la Junta este jueves.