JpC y ERC reivindican la autodeterminación a la vez que Sánchez pide su voto

JpC, ERC y la CUP —con la abstención de los comunes— aplicaron el rodillo secesionista y, así, respondieron al TC y al Gobierno aprobando una propuesta de resolución cuyas enmiendas incluyen literalmente el punto 11 del texto inicialmente presentado por los tres grupos —con motivo de dar una respuesta nacionalista a la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del «procés»— y que a primeros de este mes el TC dejó suspendido.

El punto 11 señala que el Parlamento de Cataluña «reitera y reiterará tantas veces como lo quieran los diputados y las diputadas, la reprobación de la Monarquía, la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir su futuro político». Un texto que se aprobó este martes, citado, gracias a las tres enmiendas que, además, denuncian «coacciones» de las instituciones del Estado, «injerencias» y «censura previa» del TC y «persecución judicial» contra la Mesa del Parlamento autonómico.

De esta manera, la propuesta se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña (BOPC) gracias a los 68 votos a favor del tripartito independentista, que superaron los 21 en contra (PSC y PP) y la abstención de los ocho diputados autonómicos de los comunes. El grupo de Cs, como suele hacer en estos casos, salió del hemiciclo a la hora de la votación, al considerar que permitiendo la votación se estaba incumpliendo la ley y burlando de la decisión del TC.

De hecho, al debate parlamentario se llegó sabiendo ya la opinión de los Servicios Jurídicos del Parlamento autonómico. En la reunión de la Mesa, al mediodía, para valorar la reconsideración de la propuesta de resolución a petición de Cs, los letrados no pusieron objeción a la tramitación de unas enmiendas que incluían literalmente el punto 11, suspendido por el TC . Fuentes conocedoras de la reunión de la Mesa señalaron a ABC que los letrados indicaron en la reunión que la legalidad de los textos es «interpretativa», ya que hacen referencia, en un formato de cita, a un texto suspendido y que no tiene recorrido legal.

Durante el debate, Elsa Artadi (JpC), Marta Vilalta (ERC) y Vidal Aragonès (CUP) defendieron el conjunto del texto, con las enmiendas incluidas. Lo tres grupos insistieron en que, desde su punto de vista, el Parlamento de Cataluña puede debatir y votar lo que «la mayoría» considere oportuno; y aprovecharon sus intervenciones para insistir en que en España hay «presos políticos» y «exiliados», en referencia a los condenados por el Supremo y fugados de la Justicia por el «procés».

Por su parte, Lorena Roldán (Cs) anunció que su partido acudirá a la Fiscalía para que investigue si permitir la votación de ayer incumple la ley y las órdenes del TC, que ha advertido en varias ocasiones a los miembros de la Mesa y a los letrados para que eviten tramitar textos claramente contrarios a la Constitución. Una investigación —si finalmente se inicia— que se sumará a la que Roger Torrent (ERC), presidente del Parlamento autonómico, ya tiene en marcha por parte de la Fiscalía, precisamente para evaluar si ha desobedecido al TC.

Sin embargo, esta posición de Roldán no fue compartida por Ferran Pedret (PSC) y Alejandro Fernández (PP). El representante de los socialistas, tras recordar que todos los poderes públicos están especialmente sujetos a la ley, definió la jugada de JpC, ERC y la CUP como «expresión política de disconformidad». El presidente del PP catalán defendió que la operación parlamentaria del tripartito secesionista es «ingeniería jurídica» para hacer ver que se está desobedeciendo una orden del TC, sin llegar a ello. Un posicionamiento, el de los populares, que fuentes oficiales del partido justificaron a este diario indicando que «no se puede considerar ilegal citar un texto que está suspendido, entraríamos en una dinámica absurda». Finalmente, Marta Ribas (comunes), que no comparte la sentencia del Supremo contra los líderes del 1-O, lamentó la iniciativa de los independentistas al considerar que está mal planteada en forma y tiempo, y que, desde su punto de vista, no cambia nada de la realidad.

Al margen de la resolución aprobada y de su legalidad, la jornada del Parlamento de Cataluña vivida ayer podría complicar la negociación de Sánchez con ERC de cara a su investidura. Los independentistas evidenciaron que siguen forzando y retando a las instituciones del Estado, y además con socios del futuro Gobierno, como Podemos, si es que finalmente se concreta el acuerdo entre el PSOE y esa foemación, que se abstiene sobre un texto que está suspendido por el TC.

Igualmente, el pleno de este martes demostró que JpC, ERC y la CUP mantienen diferencias importantes a la hora de llevar a cabo «una respuesta» conjunta a la sentencia del Supremo -presentaron tres enmiendas- y solo les une intentar romper España.