La decisión de la Sala Tercera del Alto Tribunal implica que los magistrados de la sección primera estudiarán si la decisión de fulminarle fue ajustada a derecho.
La directora general del cuerpo, María Gámez , reconoció por escrito que el mando fue relevado por «no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil (...) con fines de conocimiento». Su cese se produjo tras presentar en el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid un informe en el que se cuestionaba la marcha del 8-M de 2020 cuando la pandemia del Covid ya presentaba un problema real. En el centro de la decisión estaba el entonces delegado del Gobierno, José Manuel Franco .
Según la Audiencia Nacional, que revocó la decisión inicial que daba la razón al coronel, el Ministerio del Interior actuó «conforme a la normativa específica», en particular el artículo 83 de la Ley 29/2014 de Régimen del Personal de la Guardia Civil, que establece que los destinos de libre designación «podrán ser revocados libremente por las autoridades competentes para su asignación».
Esta funcionalidad es sólo para registrados
Iniciar sesiónEsta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete