Rajoy considera que la conversación afecta al crédito del Constitucional

A juicio de Mariano Rajoy, María Emilia Casas debería «hacer una reflexión sobre su situación, porque esas conversaciones privadas que se han conocido públicamente, sin duda alguna afectan al crédito del Tribunal Constitucional, que ya bastantes problemas tiene».

Petición de dimisión

En parecidos términos se manifestó la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, quien pidió a la presidenta del TC que se plantee su situación, que considera «insostenible». Sáenz de Santamaría no pidió explícitamente a Casas que dimita -al contrario que el portavoz popular de Justicia en el Senado, Agustín Conde-, pero sí le reclamó «una seria reflexión sobre su situación». Como Rajoy, la líder del PP afirmó que su formación «respeta» los procedimientos judiciales, pero también exige «explicaciones» a la presidenta del TC. «Se le han pedido explicaciones y todavía no ha hablado. Debería plantearse su situación porque que el crédito y el prestigio del TC pueden quedar afectados», afirmó. «Los ciudadanos tienen derecho a saber qué ha pasado, ella debe reflexionar sobre la situación en la que se encuentra, que a nuestro juicio es insostenible en el propio TC», añadió.

Por su parte, Mikel Buesa, miembro de la dirección de Unión Progreso y Democracia, aseguró ayer que, con independencia de lo resuelto por el Tribunal Supremo, la presidenta del Constitucional actuó con «imprudencia notoria». En declaraciones a Servimedia, señaló que no queda más que aceptar la decisión del Supremo, lo que, a su juicio, no quiere decir que Casas no actuara de forma imprudente. Añadió que hay que valorar negativamente que «en un asunto tan turbio, aunque haya sido de manera colateral, haya estado conectada la presidenta del Constitucional».

Desde el ámbito judicial, José Luis Requero, vocal del CGPJ, aseguró que era «previsible» que el Tribunal Supremo terminara archivando la investigación y afirmó que desde un principio le pareció que este episodio no era «asesoramiento en unos términos penales», aunque sí «un asunto de imprudencia, que compromete el prestigio del Constitucional, pero delito como tal no era». No obstante, este vocal del CGPJ señaló que «eso no implica que los términos en los que se desarrolla la conversación sean francamente comprometedores» pasa la presidenta del Constitucional.

A su juicio, esto es así porque en la conversación Casas manifiesta «una actitud que no es propia de quien preside un órgano como el Constitucional, porque traslada la idea de cierta permeabilidad» en el caso de que la abogada recurriese ante este tribunal.

Criterio acertado

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, mostró su satisfacción por el archivo del procedimiento y consideró que el criterio del Alto Tribunal en este caso es «jurídicamente acertado y deja el asunto resuelto con total normalidad». Destacó, por otra parte, que los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo han tomado en consideración el criterio del Ministerio Fiscal que, recordó, «no veía que en esta situación se hubiera producido ningún hecho delictivo».