El PSOE pedirá tras el 1 de octubre reducir las atribuciones del Tribunal Constitucional

La cuestión entronca directamente con la unidad de España y el desafío soberanista catalán por lo que el apoyo que el PSOE otorgó en diciembre a su derogación generó un fuerte debate interno y duras críticas del Ejecutivo, que llevaron a la Gestora socialista a acordar con el Gobierno ralentizar su tramitación. Desde entonces, el texto se mantiene paralizado en la Comisión Constitucional de la Cámara Baja con prórrogas permanentes -18 hasta ahora- del trámite de enmiendas. Este asunto será uno de los pocos acuerdos alcanzados entre la Gestora y el Gobierno que Pedro Sánchez mantendrá, al menos por ahora.

Pero salvando esta reforma del Tribunal Constitucional, las consecuencias del retorno de Pedro Sánchez a la secretaria general del PSOE empezarán a ser más visibles para el Gobierno a partir del mes de septiembre, cuando los socialistas quieren retomar la demolición de las principales reformas aplicadas por Mariano Rajoy durante su legislatura de la mayoría absoluta.

La derogación de la ley de Seguridad Ciudadana o de las reformas de la Justicia Universal, del mercado laboral o de los poderes del Tribunal Constitucional fueron impulsadas o apoyadas por el PSOE durante los primeros meses de legislatura, ante la presión de Podemos y la necesidad del PSOE de recuperar una actitud beligerante contra el Gobierno para compensar su abstención en la investidura de Rajoy . Pero quedaron varadas en las respectivas comisiones durante el trámite de enmiendas, que está siendo prorrogado una y otra vez por la Mesa del Congreso, muchas veces a petición del propio PSOE dudoso de la posición a tomar al estar inmerso en el proceso de primarias.

Otras veces la extensión de las enmiendas ha venido de la mano de PP y Ciudadanos. Sánchez quiere poner fin ahora a esas dudas e impulsar de nuevo la demolición del legado de Rajoy.

Sin embargo, no podrá hacerlo solo. PP y Ciudadanos controlan la Mesa del Congreso -el órgano que concede las prórrogas- con cinco votos frente a los cuatro de PSOE y Podemos. Por ello, Sánchez necesitará convencer al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera , de que levante la mano y permita la tramitación de iniciativas que interesan enormemente a los socialistas. De momento, ya le ha pedido que mueva postura sobre la iniciativa legislativa popular (ILP) impulsada por los sindicatos para establecer una prestación de ingresos mínimos y apadrinada por el PSOE. El periodo de enmiendas ha sido prorrogado ya en 15 ocasiones, las últimas por PP y Ciudadanos, y los sindicatos sopesan acudir en amparo al Tribunal Constitucional argumentando que el resto de los grupos de la Cámara, la mayoría absoluta, es favorable a que la iniciativa se siga tramitando.

La formación naranja niega la mayor en este caso y asegura que son partidarios. Fuentes de la formación naranja sostienen que no habrá cambios de posición pero a lo que sí abren la puerta es a que se tramite la iniciativa legislativa popular (ILP) de los sindicatos. «Pero nosotros votaremos que no», insisten. Según confirman desde ambos partidos esta fue una petición que Sánchez le hizo a Rivera en la reunión que mantuvieron la última semana de junio.

La posición de Ciudadanos será absolutamente determinante para la estrategia del PSOE. El Reglamento del Congreso señala que es la Mesa quien tiene la potestad de prorrogar sucesivamente, y sin límites, el plazo de enmiendas para dar tiempo a los grupos parlamentarios a elaborar sus propuestas a un proyecto legislativo. Y el PP cuenta con la ventaja de que solo necesita de un aliado, PSOE o Ciudadanos, para controlar la Mesa del Congreso y aprobar prórrogas sistemáticas que pueden extenderse hasta el final de la legislatura.

Cuando se disuelvan las Cortes, todas las iniciativas que no hayan concluido su tramitación decaerán y tendrán que volver a ser impulsadas desde el principio por las mayorías que surjan en la siguiente legislatura. Ésta, de hecho, ha sido la principal estrategia seguida por el Gobierno para contener hasta ahora la ofensiva de la oposición. La incógnita ahora es si será suficiente a partir de septiembre.