Las claves de la importancia del voto delegado de un fugado

¿Qué consecuencias puede tener para la Mesa haber aceptado esa delegación? Como en la legislatura anterior, la Mesa del Parlamento catalán, de mayoría independentista, está desobedeciendo al TC, pues en el citado auto se advertía a Torrent y a los miembros de la Mesa de «su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir las medidas cautelares adoptadas». En el caso de la aceptación del voto delegado de Puigdemont, los Servicios Jurídicos de la Cámara ya pusieron de manifiesto esta circunstancia.

¿Por qué sería más eficaz el recurso del Gobierno?

Porque un recurso de amparo de los partidos se tramitaría de forma ordinaria, mientras que la impugnación del Gobierno sí tendría efectos suspensivos si se invoca el artículo 161.2 de la Constitución Española.

¿Se ha pronunciado el Supremo sobre el voto delegado de los procesados?

Sí, lo hizo en la misma resolución en la que declaró la «incapacidad legal» de los diputados presos para acudir a los debates de investidura. Esto facilitó la delegación del voto de los procesados presos, cuya situación diferenció de aquellos que no están a disposición de la Justicia española.

¿Por qué Cs y el PSC consideran que el Gobierno debe actuar en este caso?

Si Comín y Puigdemont pueden votar, el argumento posterior para evitar que Puigdemont presente su candidatura -una vez se reforme la ley de la presidencia- quedaría débil y poco defendible, incluso jurídicamente. Liberales y socialistas están convencidos de que esta decisión tendría consecuencias «gravísimas».

¿Qué supone a corto plazo que puedan votar Puigdemont y Comín?

Con los votos de Puigdemont y Comín «recuperados», JpC y ERC sumarían 66 escaños, uno más que la suma de los que tienen Cs, el PSC, los comunes y el PP juntos; y no necesitarían a la CUP (cuatro escaños) para la investidura, si estos se abstienen. Pero el precedente creado permitiría argumentar jurídicamente a favor de los fugados de cara al futuro; y desarma el argumento político de los partidos constitucionalistas.