El PP, pendiente de Rita Barberá

La apertura de una investigación a la exalcaldesa de Valencia, hoy senadora , coloca al partido en una posición muy difícil en el peor de los momentos : con dos procesos electorales en marcha y sin resolver el problema de la gobernabilidad de España. Si Barberá no renuncia en breve, presionan desde el partido, pondrá en peligro de paso el único pacto que ha conseguido cerrar Rajoy: el que alcanzó con Ciudadanos. Un acuerdo con una cláusula relativa a los imputados: deben abandonar sus cargos de manera inmediata.

El silencio oficial fue la norma ayer martes en el PP desde que se conoció que el Tribunal Supremo abría una causa penal contra Barberá por presunto blanqueo de capitales en el Ayuntamiento de Valencia. Sólo el vicepresidente del Senado, Pedro Sanz , compañero de grupo de la senadora valenciana, reaccionó señalando que ahora Barberá debe tomar una decisión «libremente » sobre su futuro, aunque matizó: «Si coincide con lo que piensa el partido y el grupo parlamentario, estupendo; si no, el partido y el grupo parlamentario tomará la decisión oportuna ».

Rajoy esquivó durante toda la jornada , en las diversas apariciones públicas que tuvo en Galicia, responder a las preguntas sobre el asunto, y tampoco lo citó en su mitin de la noche en O Carballiño. Por la tarde, la máxima autoridad del partido, María Dolores de Cospedal, aumentaba la presión asegurando estar segura de que Barberá hará «lo que sea mejor para el PP», y «para defender su inocencia en la cual yo creo». Hubo gran actividad en el partido durante toda la tarde , y hasta bien entrada la noche, intentando convencer a Barberá de que se fuera de manera voluntaria, buscando la fórmula más recomendable y menos dura como colofón de una intensa vida política bajo las siglas del PP.

Barberá tenía previsto acudir ayer al Senado para constituir las dos comisiones -Constitucional y Economía- de las que es vocal. Viajaba ya en el AVE hacia Madrid cuando recibió la noticia de la apertura de la causa y decidió volver para estudiar el auto, según comunicó al Senado. Algunos compañeros del PP se mostraban convencidos de que «se explicará, y pronto» . El expresidente valenciano Alberto Fabra señaló: «Sabe la situación del partido; sabrá estar a la altura». Y Cristina Cifuentes, que fue la más clara, confiaba en que diera un paso atrás de forma voluntaria abandonando su escaño.

El único matiz era el cuándo. En el pacto anticorrupción firmado con C’s se especificaba que cualquier cargo público sería separado de forma inmediata cuando fuera «imputado formalmente». La diputada popular Alicia Sánchez Camacho puntualizaba : «El acuerdo se cumplirá en los términos en los que se acordó». Y técnicamente, la imputación de Barberá no es formal. Todavía. Lo será cuando el magistrado al que se ha nombrado instructor de esta causa, el exfiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido , la llame a declarar en calidad de investigada: tendrá que hacer el paseíllo en compañía de su abogado.

La causa que ayer abrió el Supremo, con el informe favorable de la Fiscalía, responde a la exposición razonada que el pasado mes de abril envió al Alto Tribunal el juez de instrucción número 18 de Valencia, el del caso Taula. En ella, el magistrado describía indicios contra la aforada de un presunto blanqueo de capitales en el Grupo Popular del Ayuntamiento de Valencia cuando era alcaldesa. En un auto, del que ha sido ponente el presidente de la Sala, Manuel Marchena, el Supremo destaca que, sin perjuicio de lo que pudiera resultar de la investigación, «resulta imprescindible» continuar con la misma para esclarecer la participación de Barberá en los hechos : el posible afloramiento de dinero opaco a través de una mecánica que consistía en que concejales y allegados al Grupo Popular realizaran aportaciones al partido vía transferencia bancaria que luego les serían devueltas en billetes de 500 euros.

Fue a raíz de una conversación telefónica interceptada en una investigación cuando salió a la luz este modus operandi en el Consistorio valenciano. En ella se citaba a Barberá, pero sin hacer respecto a ella «ninguna imputación concreta» . La exposición razonada señala que solo entre el 23 de marzo y el 16 de abril de 2015, 50 personas vinculadas al PP realizaron aportaciones al grupo municipal de 1.000 euros. Una de ellas fue la propia Barberá. Para el juez de Valencia, es un agravio que todos los aportantes estén siendo investigados menos la exalcaldesa. Además, era la superior jerárquica de la principal imputada: la secretaria del grupo popular, María del Carmen García-Fuster.