Luis Navajas, teniente fiscal del Supremo, releva a Maza hasta que el Gobierno designe un sucesor

Tal y como determina la normativa, el teniente fiscal del Supremo tiene entre sus funciones la de «sustituir al fiscal general del Estado en caso de ausencia, imposibilidad o vacante».

Navajas ha trabajado codo a codo con Maza en la actuación del Ministerio Público contra el desafío soberanista catalán y acompañó al fiscal general del Estado en la presentación de las querellas contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y el resto del Gobierno de la Generalitat por delitos de rebelión o sedición, y malversación . También en la causa contra la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa que tramitaron la declaración ilegal de independencia.

Días antes, Navajas ya advirtió en unas declaraciones públicas que el Ministerio Fiscal adoptaría «con serenidad, pero con firmeza», «todas aquellas medidas y resoluciones» para revertir el «agravio al Estado de derecho y a la ley» que suponían las acciones de la Generalitat, informa Efe.

El teniente fiscal tendrá que asumir la Fiscalía General del Estado en funciones mientras el Gobierno de Mariano Rajoy inicia los trámites preceptivos para el relevo de José Manuel Maza, que comienza con la elección de la persona más adecuada para el cargo.

La búsqueda, en la que tiene un papel clave el ministro de Justicia, Rafael Catalá, no es una tarea fácil. El Ejecutivo se centrará en los juristas de reconocido prestigio y con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión . El desafío sin precedentes del independentismo catalán hace que el cargo de fiscal general del Estado tenga especial relevancia.

Será el primer paso para culminar un proceso que, según las fuentes consultadas, requiere su tiempo y aunque quiera hacerse con rapidez, llevará al menos dos o tres semanas.

El fiscal general del Estado es nombrado y cesado por el Rey a propuesta del Gobierno tras acuerdo en Consejo de Ministros, pero debe contar con el aval del Consejo General del Poder Judicial y ser oído después en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para obtener el beneplácito del Poder Legislativo. De esta forma, en su nombramiento intervienen los tres poderes, Ejecutivo, Judicial y Legislativo, tal y como establece la Constitución.

El mandato del fiscal general tiene una duración de cuatro años y sólo puede ser destituido por causas tasadas en la Ley, que serán apreciadas, en su caso, por el Consejo de Ministros. En todo caso, cesa con el Gobierno que lo haya propuesto, según la normativa vigente.