La Fiscalía ampliará la querella por rebelión a la Mesa del Parlament

El artículo 472 del Código Penal castiga en su punto 5 a quienes se «alzaren violenta y públicamente para declarar la independencia de una parte del territorio nacional». La pena para quien cometa este delito es de 30 años (25 si el alzamiento es sin armas). En cualquier caso, la Fiscalía considera que la gravedad del delito justificaría en la querella la inmediata puesta a disposición judicial de los querellados, que si no comparecen serían detenidos. También justificaría la petición de prisión incondicional como medida cautelar, más teniendo en cuenta que las personas contra las que se dirige la querella de la Fiscalía ya son objeto de sendos procedimientos en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC): Puigdemont y su gobierno por desobediencia, prevaricación y malversación, y Forcadell y la Mesa por desobediencia y prevaricación.

Puigdemont y su equipo perdieron ayer el aforamiento al ser destituidos por Rajoy, igual que todos los parlamentarios catalanes por la disolución de la cámara regional. Aun así, la garantía la mantienen los diputados autonómicos que forman parte de la Diputación Permanente: Carme Forcadell, Anna Simó, Ramona Barrufet y Lluís Guinó . Ellos marcarían qué tribunal es el competente para la investigación, a pesar de que en condiciones normales la rebelión le correspondería a la Audiencia Nacional . De ahí que la querella tenga que presentase en el TSJC (si se considera que el delito se ha cometido en esa comunidad) o en el Tribunal Supremo (si se considera que trasciende de aquélla).

Más difícil parece la actuación contra los diputados que han apoyado la declaración teniendo en cuenta que de forma intencionada, y precisamente para intentar eludir responsabilidades penales, el voto ha sido secreto.

También en la vía penal es posible que otras partes personadas como acusación popular en los procedimientos abiertos en el TSJC contra los miembros del Poder Ejecutivo y Legislativo de la comunidad autónoma soliciten al juez alguna medida cautelar relacionada con los querellados, con lo que las dos instructoras de sendas causas, Mercedes Armas y María Eugenia Allegret , tendrían que pronunciarse. En ningún caso un juez puede tomar una decisión que implique privación de libertad si no se lo piden las partes personadas en el procedimiento.

En paralelo, la Abogacía del Estado va a impugnar ante el Tribunal Constitucional la declaración de independencia aprobada ayer por suponer un atentado a la democracia y de nuevo una desobediencia flagrante al propio TC, pues se apoya en leyes suspendidas por el órgano de garantías. La suspensión de la resolución aprobada por la Cámara autonómica supondrá dejarla sin efecto y, por lo tanto, también lo que de ella se derive.

El TC abordará la semana que viene la suspensión de la DUI que solicitarán en las próximas horas los servicios jurídicos del Estado. El PSC pidió ayer al tribunal que suspendiera el pleno de la declaración cuando ya se estaba celebrando. La solicitud llegó tarde. De forma subsidiaria, los socialistas habían pedido también la suspensión de los acuerdos aprobados y sus efectos, algo que el TC decidirá la próxima semana una vez que la Fiscalía y Parlament se pronuncien.