Moncloa rectifica a Justicia y defenderá a Llarena en Bélgica

Tras varios días de intensa polémica por el abandono del magistrado ante los tribunales europeos, con las principales asociaciones de jueces y fiscales, el Consejo General del Poder Judicial y magistrados del Supremo en pie de guerra por la «dejación de funciones» ante este ataque a la independencia judicial, Moncloa se vio obligada ayer a dar un nuevo volantazo en sus casi tres meses de gobierno. En un comunicado emitido a primera hora de la tarde aseguró que ya se han iniciado los trámites para la contratación de los servicios de un despacho de abogados en Bélgica que defienda los intereses de España en la demanda promovida contra el instructor. En definitiva, lo que los servicios jurídicos del Estado aconsejaron al Ejecutivo el pasado 31 de julio, hace casi un mes.

Moncloa se imponía así «in extremis» al Ministerio de Justicia que dirige Dolores Delgado y desde el que ayer se seguía sin asumir este cambio de rumbo respecto a la nota de prensa que salió de ese departamento el pasado 23 de agosto y que diferenciaba entre la soberanía e inmunidad jurisdiccional de los tribunales españoles y las declaraciones que Llarena efectuó en lo que consideran «ámbito privado» , ajeno a su función jurisdiccional.

Delgado supeditaba la personación del Estado español ante la Justicia belga en defensa de la soberanía e inmunidad jurisdiccional de los tribunales españoles a que en el momento de admitir a trámite la demanda contra Llarena se mencionaran argumentos o datos de la causa penal que este magistrado ha instruido. «La demanda presentada en Bruselas incluye también referencias a expresiones o manifestaciones privadas realizadas por el juez ante las que el Gobierno no puede actuar (...)», señaló entonces el Ministerio.

Lo cierto es que de la mera lectura de la demanda de los prófugos se desprende claramente que la referencia de Llarena a los «presos políticos» -a juicio de los procesados, es esto lo que vulnera su honor- no es más que el pretexto para cuestionar una vez en instancias internacionales la imparcialidad del juez, la instrucción de la causa y el propio Estado de Derecho español. Así lo interpretaron en su comunicado conjunto los jueces y los fiscales, la Comisión Permanente del CGPJ y la propia Abogacía del Estado, que en todo momento ha considerado que las declaraciones de Llarena (que la demanda toca solo de forma tangencial) no se pueden desligar de su función jurisdiccional. No obstante, el foco de la demanda no está puesto precisamente en el magistrado Pablo Llarena.

«Desde hace bastantes años, los miembros de minorías que persiguen una acción política a favor de la independencia de su región sufren en España violaciones sistemáticas de sus derechos fundamentales», se señala en el escrito cuya admisión está pendiente de la vista convocada el próximo 4 de septiembre.

Los procesados afirman también que España es «un Estado delincuente» , que comparan con Kazajistán, y que el sistema judicial español «ha sido hasta el momento incapaz de tratar la cuestión catalana de manera imparcial: distintas jurisdicciones de España han tomado numerosas decisiones judiciales realizando múltiples violaciones incompatibles con los valores que fundamentan la Unión Europea».

En un contexto en el que la estrategia de desprestigio y ataque a la independencia del Poder Judicial español ha sido una constante por parte de los procesados huidos, miembros de peso del Ejecutivo no se han sentido cómodos con la postura que hasta ayer mantuvo Pedro Sánchez: la de dejar solo a Llarena ante la UE.

Por eso, el respaldo al magistrado por parte del Consejo General del Poder Judicial, el comunicado conjunto de jueces y fiscales y que en las últimas horas haya trascendido el contenido de la tramposa demanda ha sido acogido con satisfacción por miembros de peso del Gobierno, según ha podido saber ABC.

La implicación del abandono de Llarena no habría sido cosa menor. El día 4 de septiembre está convocado a una vista en la que que se tiene que decidir sobre la admisión de esta demanda y el magistrado no va a acudir. El pasado 20 de junio el hoy secretario general de Justicia y entonces juez decano de Madrid, Antonio Viejo, rechazó tramitar esta citación al considerar «improcedente» que un miembro del Poder Judicial español tuviera que dar explicaciones sobre un asunto sometido a su jurisdicción ante un tribunal extranjero. Viejo devolvió el exhorto al juez belga sin cumplimentar.

Lo cierto es que en la jurisdicción civil tiene que haber oposición: aunque el demandante no acuda tiene que hacerlo un representante so pena de que ante la admisión de la demanda, el propio juez podría ser condenado en costas, lo que supondría miles de euros que el propio Llarena tendría que costear de su bolsillo . De ahí que, consciente de esta circunstancia, el propio magistrado pidiera amparo al CGPJ ante la demanda interpuesta por los secesionistas por declaraciones efectuadas en el ejercicio de su función jurisdiccional.

En su escrito dirigido al Consejo, Llarena aludía al «riesgo» que esa demanda supone para la integridad de la jurisdicción española. «Se cuestionaría la imparcialidad de mi instrucción, pretendiendo que sea un tribunal belga el que examine la corrección de mi labor», señalaba el juez. Para el magistrado, ya es revelador que el decano de Madrid se negara a notificar la acción civil de Puigdemont, lo que evidencia « el carácter groseramente fraudulento de la demanda , que no tendría más fin que sustraer de su sede natural la revisión de los actos de la Justicia española y hacerlo defraudando los instrumentos de los que el ordenamiento jurídico español se dota para asegurar la independencia de mi función: el aforamiento ante el Tribunal Supremo y la prohibición contenida en la Ley Orgánica del Poder Judicial de que puedan dirigirse demandas directas contra jueces y magistrados por actuaciones llevadas a cabo en el ejercicio de su función».

La Comisión Permanente del CGPJ respondió con tanta premura como contundencia: «Se nos antoja difícil considerar que pueda existir una actuación que vulnere de forma más flagrante y burda la independencia de un magistrado español», señalaron en su acuerdo los vocales con el voto en contra de Concepción Sáez, partidaria se no amparar a Llarena. Fue su última intervención en el Consejo antes de fichar por el Ministerio de Justicia como gerente de la Mutualidad General Judicial. En esa misma reunión, los miembros de la Permanente aceptaban la renuncia de esta vocal , la única propuesta por IU en el órgano de gobierno de los jueces.

En su acuerdo, el CGPJ se comprometía a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la independencia de Llarena , «incluidas las medidas relativas a la integridad económica que proporciona el artículo 296 de la Ley Orgánica del Poder Judicial». Este precepto establece que «el Estado responderá también de los daños que se produzcan por dolo o culpa grave de los jueces y magistrados sin perjuicio del derecho que le asiste de reclamarles luego a ellos.

Hasta la Abogacía del Estado había estimado las pretensiones del CGPJ de instar a los ministerios de Justicia y Exteriores a personarse en la causa belga para defender la soberanía jurisdiccional española y el ataque a un miembro del Poder Judicial. «No se advierte que la habilitación que se pueda otorgar (en relación a la defensa del magistrado) esté en contradicción con la defensa de los derechos o intereses del Estado que están en discusión en el citado proceso civil», señaló en su informe. Al contrario, concluyó, «el hecho de que (Llarena) esté siendo demandado por el legítimo ejercicio de su función de instructor de un procedimiento penal que se sigue en el Tribunal Supremo le atribuye una posición de persona que ejerce una de las manifestaciones del Poder Judicial español. No cabe apreciar la mayor coincidencia y compatibilidad entre el ejercicio de esa defensa y la propia de los órganos constitucionales del estado que se atribuyen también a la Abogacía del Estado».