Pablo Llarena, juez del Tribunal Supremo - EFE

El Gobierno evita dar apoyo público a Llarena ante el cerco de los independentistas

El Ejecutivo alega que la defensa del juez ante la demanda de los secesionistas le corresponde al poder judicial

MadridActualizado:

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha evitado hoy dar el apoyo expreso del Ejecutivo socialista al juez que instruye el procés, Pablo Llarena, ante la demanda presentada por Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros en Bélgica. La número dos de Pedro Sánchez en La Moncloa ha alegado que el amparo legal y el apoyo al magistrado le corresponde al poder judicial y que el Ejecutivo se limitará a defender la soberanía de la jurisdicción española.

Calvo ha respondido así a pregunta de este diario en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Los dirigentes independentistas han trazado una campaña de desprestigio contra Llarena y han emprendido acciones legales en Bélgica acusándole de no ser imparcial en la instrucción de la causa por rebelión y malversación por el golpe separatista en Cataluña. Un juez belga ha citado a declarar a las partes el próximo 4 de septiembre.

La vicepresidenta ha rehuído dar un respaldo público al magistrado en su labor ante el separatismo y ha asegurado que el Gobierno no debe inmiscuirse. «Cualquier juez o jueza de nuestro país tiene que recibir el amparo legal y el apoyo establecido en el ámbito de su propio poder, en este caso, el Judicial. Al poder Ejecutivo no le corresponde esa función».

Sin embargo, ha precisado que si la demanda es admitida a trámite, el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, tiene la obligación de «defender la soberanía jurisdiccional de España». «Eso sí le corresponde al Gobierno de España y eso sí lo va a hacer el Gobierno de España a través del Ministerio de Justicia», ha señalado.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dio su amparo la semana pasada al juez Llarena y reclamó al Gobierno que interceda por él. Ayer, el Ministerio de Justicia anunció que contratará un bufete privado de abogados que defienda «la soberanía e inmunidad jurisdiccional» de España en el procedimiento abierto en Bélgica contra Llarena si el tribunal belga cuestiona la causa abierta por el «procés» que instruye este juez.