El juez García-Castellón reúne a los tres cuerpos policiales para investigar a los CDR

En estos momentos, el foco de los investigadores es analizar el material que consta en los en torno a 170 dispositivos electrónicos que fueron incautados en la llamada operación Judas, que desbarató el pasado septiembre los planes de un grupo dispuesto a atentar tras la sentencia del «procés». Todos los cuerpos ponen en común lo que van averiguando en esa dirección. El magistrado, titular del juzgado central de instrucción número seis, atribuye a los siete investigados –que se encuentran en la cárcel de forma preventiva– los delitos de terrorismo, estragos y tenencia de explosivos.

A los siete encarcelados el juez investigador los ubica en el ala más radical del secesionismo, dentro del llamado Equipo de Respuesta Táctica (ERT) de los CDR, que estarían dispuestos a formar la República catalana por todos los medios, incluidos los violentos. Entre otras acciones, el grupo desarticulado habría planeado tomar el Parlamento catalán durante una semana, para lo que según ellos iban a contar con la ayuda del presidente de la Generalitat, Quim Torra. Es la primera vez que la Justicia vincula al secesionismo catalán con el terrorismo desde los tiempos de Terra Lliure.

En los registros, además del material electrónico, los agentes también requisaron material para fabricar explosivos, así como manuales para el mismo fin. Incluso termita ya mezclada llegaron a encontrar los agentes.

A pesar de que llegó a planteárselo, el magistrado descarta reclamar que se unan a esa misma investigación todas las causas repartidas por juzgados catalanes con motivo de los disturbios que tuvieron lugar los días posteriores a la sentencia, cuando grupos radicales asolaron el centro de Barcelona y se enfrentaron a la Policía. Diversos juzgados de Cataluña investigan lo que sucedió en las calles catalanas aquellos días, en los que se estima que hubo unos 600 heridos y cerca de 200 arrestados por sus acciones violentas.

Aun así, y en una causa que todavía se mantiene bajo secreto de sumario, el juez de la Audiencia Nacional sí investiga las actuaciones de Tsumani Democràtic , la plataforma a la que sitúan detrás de muchos disturbios. El objetivo es tratar de identificar a los responsables del colectivo radical .

El abanico de la investigación contra todo lo relacionado con el «procés» se culmina con otra causa también bajo secreto que indaga en la posible injerencia de Rusia para tratar de desestabilizar la política española. El mismo magistrado investiga la intervención de un grupo de élite de los servicios de espionaje rusos en Cataluña en el otoño caliente de 2017, cuando los líderes secesionistas celebraron el referéndum ilegal y declararon de forma unilateral la independencia.

La sentencia del «procés», publicada el 14 de octubre , concluyó que los líderes secesionistas atacaron las bases del ordenamiento constitucional, alentando levantamientos tumultuarios para impedir la acción y tratar de alcanzar la independencia catalana por las vías ilegales. Los magistrados del Tribunal Supremo apreciaron violencia en el plan secesionista ilegal, pero consideraron que no tuvo la entidad suficiente para colmar las exigencias del delito de rebelión, uno de los más graves del Código Penal. La pena más grave recayó sobre el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, condenado a trece años.