Torra afronta la recta final del juicio que podría inhabilitarlo

Mientras los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) y el Tsunami Democràtic siguen llevando a cabo movilizaciones secesionistas violentas por distintos puntos de la geografía catalana, Torra vivirá este lunes su día esperado en el imaginario nacionalista, que le podrá servir -en caso de condena- para elevar a categoría una inhabilitación para cargo público. Si sus dos antecesores en el cargo, Artur Mas y Carles Puigdemont , tuvieron que lidiar con los tribunales, el primero condenado por la consulta ilegal del 9-N y el segundo fugándose de España, Torra podría sumarse al club de los que aprovechándose de su cargo institucional cometieron ilegalidades. De momento, dos de los siete presidentes autonómicos.

La decisión está en manos de los cinco magistrados de la Sala Civil y Penal del TSJC. La Fiscalía pide un año y ocho meses de inhabilitación para cargo público y una multa de 30.000 euros . Vox, que actúa como acusación popular, eleva la sanción hasta los dos años de cárcel y una sanción de 72.000 euros. Y la defensa de Torra, que corre a cargo de Gonzalo Boye, abogado también de Puigdemont, pide la absolución del presidente de la Generalitat.

Aunque en un principio Torra valoró la posibilidad de no acudir a la fase oral del juicio, con la excusa de que se celebraba un pleno parlamentario, finalmente entrará en el Palacio de Justicia de Barcelona poco antes de las 9.00 horas, después de que el TSJC retrasase varias semanas la causa.

Según está previsto por el movimiento independentista, el presidente autonómico llegará andando al Palacio de Justicia y rodeado de seguidores secesionistas, entre estos, varios de los consejeros autonómicos de su Gobierno. Desde los partidos políticos, como JpC y ERC, hasta las entidades civiles, como la ANC y Òmnium , han hecho llamamientos, desde el viernes, para arropar a Torra, que afronta un juicio que consideran político y una farsa. De hecho, ayer, Torra confesó en Bescanó (Gerona) que acude al juicio para acusar al Estado, al considerar que «vulnera» sus derechos y «los de todos los catalanes».

Más allá de la imagen, habrá que comprobar si Torra sigue la misma estrategia que la expuesta en la declaración durante la fase de instrucción, cuando entonces -en mayo- respondió a las preguntas del fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, y llegó a reconocer que había desobedecido a la JEC al no dar la orden de retirar la pancarta partidista del balcón del edificio de la Presidencia de la Generalitat. El motivo: la orden de la JEC era «ilegal» porque él, en tanto que presidente autonómico, se debe a un «mandato superior» , que solo responde ante la ciudadanía. Una idea que este domingo volvió a destacar en Bescanó.

La vista oral la iniciará el propio acusado y a lo largo del día declararán en calidad de testigos once agentes de la Policía Nacional; Miquel Esquius, comisario de los Mossos d’Esquadra; Carlos Carrizosa, presidente de Cs en el Parlamento de Cataluña; Teresa Cunillera, delegada del Gobierno en Cataluña; Elsa Artadi, portavoz de la Generalitat en marzo de este año; Rafael Ribó, Síndic de Greuges; y Miquel Buch, consejero de Interior.

Por otro lado, Fomento del Trabajo tiene previsto reunir, este lunes, en una cena a partir de las 20.00 horas, a Torra y Pere Aragonès, vicepresidente de la Generalitat, con los ministros en funciones Nadia Calviño, Margarita Robles y María Jesús Montero en la entrega de los Premios Carles Ferrer Salat y las Medallas de Honor de esta patronal catalana.