Gobierno y PSOE perfilan un 155 «limitado» con elecciones en primavera

Media hora después, el Gobierno de la Nación emitió un comunicado, leído después por el ministro portavoz en el Congreso, en el que confirmaba que este sábado se celebrará un Consejo de Ministros extraordinario, para aprobar un informe con las medidas que se aplicarán en Cataluña, con el fin de restaurar la legalidad. Ese informe se trasladará al Senado, el mismo sábado, para proceder a su tramitación, que podría estar finalizada el viernes 27, según fuentes parlamentarias.

Las medidas están totalmente pactadas entre el Gobierno, el PSOE y Ciudadanos. Ayer mismo, por la mañana, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, se reunió con la dirigente socialista Carmen Calvo en La Moncloa para cerrar los últimos flecos . Por la tarde continuó el intercambio de documentos e información, y hasta mañana se perfilará cada detalle. Según fuentes de La Moncloa y del PSOE, el objetivo ha sido lograr una intervención «limitada» en Cataluña , al amparo del 155, que derive en un escenario electoral, dentro de la legalidad, con un horizonte de urnas previsto en la primavera. Carmen Calvo , esta mañana, ha asentido con titubeos, al ser preguntada en TVE, si el PSOE está buscando que se celebren elecciones en enero. Sin embargo, fuentes de Moncloa descartan un escenario tan precipitado y consideran «poco prudente» cerrar un calendario.

No se trata de «ocupar» la Comunidad, sino de asumir las competencias precisas para devolver la legalidad a unas instituciones en manos de los separatistas que han llevado a cabo el golpe a la democracia. Es decir, no se entrará en políticas de gestión concreta , sino en aquellas «contaminadas» por el desafío secesionista.

Los socialistas reconocen en privado en que su participación ha sido fundamental para el resultado final: «Si se aplica el 155 es con el sello del PSOE», dicen en el entorno del secretario general. La premisa socialista la dejó clara José Luis Ábalos en rueda de prensa es que debe tratarse de una acción «limitada, breve, y siempre con el horizonte de restablecer la legalidad» y que el objetivo sería el de convocar elecciones «en el tiempo más breve posible». Ábalos insistió ayer en que «la democracia y el Estado de Derecho no pueden ceder ante esa inadmisible amenaza». También es deseo de los socialistas que una vez se anuncien las medidas debe conocerse cómo y cuándo debe finalizar la excepcionalidad. «Nuestra visión es que en este anhelo de procurar certidumbre y seguridad es que esté todo claro desde el principio hasta el final ». Desde el Congreso se ha hablado de un plazo aproximado de seis meses, un tiempo que los socialistas consideran que debería ser «el plazo máximo», dicen fuentes de Ferraz.

Las reuniones se han llevado a cabo en dos niveles. Por un lado, Rajoy y Sánchez han tenido una decena de encuentros en octubre (la última conversación fue ayer mismo, tras recibirse la carta de Puigdemont), y los contactos con Rivera también han sido fluidos. Ahí se han fijado las líneas generales y los límites para la intervención autonómica. En otro nivel de negociación , por parte del Gobierno han participado Soraya Sáenz de Santamaría, José Luis Ayllón, y a modo de asesoramiento, Pedro Arriola, este último en los primeros encuentros. Por el PSOE han participado Carmen Calvo, Meritxell Batet y el «gurú» socialista, José Enrique Serrano. Han sido la vicepresidenta y la exministra socialista las principales muñidoras del pacto.

En las reuniones se ha barajado la posibilidad de nombrar una «autoridad temporal» para sustituir a Puigdemont, y que tendría «rango de ministro». «Sería como un superdelegado del Gobierno». Esa «autoridad temporal» coordinaría a los ministros, que gestionarían las competencias intervenidas en sus áreas. Desde el PSOE se defendió ayer que la acción «muy limitada a la prestación de los servicios públicos, que no deben verse afectados en su funcionamiento», porque «alguien tiene que gestionarlos». Pero insisten fuentes socialistas en que «no se deberán tomar decisiones políticas» sino con carácter «técnico y de gestión» para que no sea limitativa de la autonomía.