Año uno: Franco sigue enterrado en el Valle de los Caídos

Mientras tanto, el trasiego en el lugar es constante. La afluencia de visitantes es mayor que hace años, cuando el tema no estaba sobre el tablero político, y a los que hasta allí se acercan les delata el «look de turistas». Chanclas, camisetas y pantalones cortos ponen de manifiesto que la mayoría de los presentes en la basílica de la Santa Cruz lo hacen impulsados por la curiosidad.

«Franco, Franco», vocea una niña pequeña asomada a una rejilla de ventilación ubicada en la explanada sobre la que se asienta la basílica. Su madre se percata, se ríe, y acto seguido convoca a toda la familia para hacer una foto y entrar todos juntos en el templo.

La escena se repite. Son numerosas las familias que, aprovechando el verano y ante una hipotética exhumación, se acercan hasta allí. «Nosotros hemos venido desde Valencia», dicen Ana María y Andrés, a los que su hijo animó a ver el lugar. «Tenemos curiosidad y ya que estamos por Madrid, hemos venido a verlo», manifiesta la pareja a ABC. Son solo un ejemplo de esos curiosos que hacen un alto en el camino en Cuelgamuros ante la expectación que ha levantado el caso.

Otros, en minoría, son los habituales del lugar. A ellos, el interés del Gobierno en funciones por sacar a Franco les toca más de cerca. «El recogimiento que hay aquí no se vive en otros sitios», argumenta, justo después de salir de misa, una familia que prefiere guardar el anonimato, que acude siempre que puede a rezar al templo y que tiene clara su postura sobre el proceso de exhumación del dictador que inició Sánchez.

«Son ganas de remover heridas», lamenta esta familia, que defiende el valor arquitectónico y artístico del lugar aunque son conscientes de que si el Ejecutivo se ha embarcado en esta misión, lo acabará consiguiendo: «Lo terminarán sacando. Quieren reescribir la Historia».

En junio, el Tribunal Supremo ordenó la paralización cautelar de la exhumación para no lastimar los derechos de la familia Franco, que igual que la Fundación Francisco Franco , la Comunidad Benedictina de la Santa Cruz y la Asociación para la defensa del Valle de los Caídos, presentó un recurso contra el decreto ley de Sánchez. La intención de los magistrados es resolver todas las causas a la vez y, según han explicado fuentes conocedoras del caso, se antoja complicado que, en virtud de los tiempos procesales, pueda haber sentencia que determine si se debe desenterrar a Franco o no antes de octubre o noviembre.

Luis Felipe Utrera-Molina , abogado de la familia Franco, expone que la Abogacía del Estado solo tiene margen hasta principios de septiembre para presentar su escrito de conclusiones al Supremo, antes de que el caso quede visto para sentencia. Según reconoce, espera que el organismo estire los plazos, lo que retrasa un poco más la resolución del procedimiento. Además, en caso de que hubiera nuevas elecciones, la sentencia podría llegar –igual que la del «procés»– en periodo preelectoral . No sería descartable, siempre que cristalizara esta hipótesis, que los magistrados decidieran frenar un poco más la sentencia para no influir en las elecciones.

Al margen de la fecha, la sentencia, en caso de que los magistrados dieran luz verde a la exhumación, presentaría un problema relacionado con la inviolabilidad de lugares de culto , según considera el abogado de los Franco. En virtud del Concordato suscrito entre la Santa Sede y España , la Iglesia tendría que dar su visto bueno a la exhumación tras la sentencia judicial.

«Si el prior del Valle de los Caídos [que en varias ocasiones ha mostrado su descontento ante el proceso] no lo da, o lo da el Papa o no lo da nadie», subraya Utrera-Molina, que insiste: «Si no se tiene en cuenta la inviolabilidad de los lugares de culto se crearía un precedente complicado». De esta forma, el papel de la Iglesia se antoja fundamental en este caso siempre que el Supremo sentencie a favor del Gobierno y se tenga que llevar a cabo la exhumación.

Pero las dudas jurídicas no acabarían ahí, sino que también tendrá especial relevancia lo que el Alto Tribunal dicte sobre el lugar en el que Franco puede ser inhumado. La familia propone la catedral de la Almudena , pero el Ejecutivo que lidera en funciones Pedro Sánchez insiste en cerrar las puertas a que el dictador vuelva a ser enterrado en espacios públicos.

De momento, Franco permanece en el mismo lugar, aunque ahora son más los visitantes y también las medidas de seguridad adoptadas por Patrimonio Nacional , entidad que gestiona el Valle de los Caídos, que incluso ha dispuesto personal para evitar que se fotografíe la lápida de la discordia. El caso está a expensas de la resolución del Supremo y, desde el Gobierno, siempre han manifestado que respetarán las decisiones judiciales.

Hace un año, Sánchez prometió exhumar a Franco «en muy breve espacio de tiempo» . El pasado jueves, una madre explicaba a su hija que, en la lápida que tenía delante, estaba enterrado Franco. Un año después.