Los peritos de la familia Franco y el Gobierno chocan por los riesgos de enterrar al dictador en la Almudena

En la versión contraria se ha situado la Abogacía del Estado, que depende del Ministerio de Justicia y que ha criticado que los peritos de la familia Franco hayan ignorado los riesgos de enfrentamientos entre grupos radicales en la Almudena , sin olvidar un intento de atentado terrorista que tuvo lugar allí en el año 2013.

Según los peritos propuestos por los Franco, en el cementerio de Mingorrubio-El Pardo, el lugar sugerido por el Gobierno de Pedro Sánchez para la inhumación, «se dispararían» los riesgos, incluido el de profanación y seguridad del cadáver. El abogado de la familia, Luis Felipe Utrera , ha manifestado a los medios que en ese lugar «no existen medidas de seguridad suficientes, y solo existe una vía para llegar», lo que según él aumenta las opciones de colapso y la inseguridad.

«La labor de las Fuerzas de Seguridad es más que suficiente para absorber un volumen de visitantes que, según el Gobierno, no pasaría de mil diarios en el peor de los casos», ha manifestado el letrado sobre la cripta de la Almudena. El letrado ha criticado que el Ejecutivo siembre confusión al aludir indistintamente a la catedral de la Almudena y a la cripta, dos emplazamientos que son diferentes.

Ambas partes también ha desacreditado la validez de las tesis defendidas por los entendidos en la materia propuestos por la otra parte. El abogado del Estado ha cuestionado este jueves las fuentes de prueba y la metodología del informe de los peritos que han comparecido a petición de la familia, y el letrado de los Franco ha denunciado que el informe del Gobierno es «una manifestación de parte» que proviene del delegado del Gobierno. Las partes mantienen sus discrepancias.

Esta vista es la última sesión oral que se celebra en el proceso abierto en el Tribunal Supremo para resolver sobre la legalidad de la exhumación de los restos del dictador que pretende llevar a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez. Las partes deberán presentar sus conclusiones antes del desenlace, que se prevé para otoño. La familia ha pedido al Alto Tribunal que lleve el caso al Constitucional, pues ellos cuestionan la constitucionalidad de la ley en la que se basa la exhumación.