La Fiscalía se opone a la querella interpuesta contra Carlos Dívar

No ve delito porque pagó parte de sus viajes y la normativa no le obligaba a justificarlos. El escrito presentado este viernes ante la Sala de lo Penal de este órgano señala que los hechos comprendidos en la querella no constituyen delito, que en todo caso sería de malversación .

Llega a afirmar que Dívar fue acomodándose «caso por caso, viaje por viaje, a las exigencias derivadas de las funciones que le correspondía desempeñar». El teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín-Casallo , que es el mismo que archivó las diligencias informativas abiertas por el Ministerio Público a raíz de la denuncia del vocal José Manuel Gómez Benítez , comienza su escrito señalando que en este caso no cabe estafa, sino malversación de caudales públicos (art. 432 del Código Penal), una conducta que requiere ánimo de lucro para ser delictiva.

Además, el teniente fiscal resalta que en el caso de autoridades como Dívar que son de «jerarquía máxima», y a diferencia de lo que ocurre con los funcionarios, existen unos «límites más imprecisos, más borrosos, en los que a veces resulta muy difícil de separar o de delimitar la actividad pública de la privada a efectos de establecer cuándo debe darse por terminada una para entender comenzada la siguiente».

Preeminencia del Derecho presentó primero una denuncia, que fue archivada y posteriormente la transformó en querella por no considerar suficientemente justificados los gastos por casi 13.000 euros que Dívar cargó al órgano de gobierno de los jueces en relación con estos viajes, realizados entre septiembre de 2008 y principios de este año.

A juicio de la asociación, presidida por el abogado murciano José Luis Mazón , el presidente del órgano de gobierno de los jueces podría haber incurrido en delito de estafa o apropiación indebida, o en su defecto malversación de caudales públicos, penadas con cárcel e inhabilitación.