El exvicepresidente Narcís Serra pagó el informe contra Mario Conde con sobres de 7 millones de pesetas

En realidad el informe Crillón son cuatro, entregados uno al mes entre junio y septiembre de 1992. Emilio Alonso Manglano, entonces director del Cesid, los guardó encuadernados con un canutillo y una portada de cartón amarillo pálido: 66 páginas que son desgranadas en 'El jefe de los espías', la biografía de Manglano que se publica mañana . El primero arranca así: «Activos de MC: Antes de septiembre de 1983, fecha en que recibió comisiones por la venta de Laboratorios Abelló, Conde no tenía activos significativos (…) El esquema formado por las compañías a través de las que tiene, dice tener o ha tenido sus acciones en Banesto, está claramente diseñado para ocultar la verdad de su situación financiera (…) Tiende a reforzar más que a disipar la sospecha de que se ha beneficiado sustancialmente de transacciones ilegales o no declaradas, o bien está operando con el respaldo financiero de apoyos ocultos». Los autores del informe reconocen que para elaborarlo traspasan líneas rojas: «Nos encontramos actualmente investigando a Conde y sus actividades financieras bajo la sospecha de que haya obtenido grandes beneficios sin declarar provenientes de operaciones realizadas fuera de España. Información detallada sobre este punto estará a nuestra disposición a finales de julio, una vez finalizada la actual campaña de presentación de Declaraciones». Alguien de la Agencia Tributaria les facilita o les vende datos de un contribuyente .

El informe Crillón también analiza el poder mediático de Conde y su entorno, algo que tanto preocupa al Gobierno de Felipe González. Si bien reconocen que «los principales bancos españoles tienen participación en televisión, el presidente de Banesto lo calificó como una «inversión política»».

La agencia Kroll llama la atención sobre un socio de Mario Conde, Jacques Hachuel, quien podría comprometerlo: « Hachuel ha intervenido en operaciones ilegales de armamento y su posición tanto de cliente como de accionista de Banesto es una de las maneras por las que el banco podría haberse visto involucrado en estas operaciones». Además, Hachuel, a través de una empresa de seguridad que se nutre de antiguos miembros del Mossad, se encarga de la protección personal de Conde.

El informe incide en la importancia que Mario Conde da a la imagen . El banquero «es un poderoso y, hasta ahora, convincente y verosímil autoproyector de imagen». El poder económico se suma al poder de seducción: «Conde influencia a muchos periodistas, sin manipulación, simplemente porque les resulta atrayente ya que tiene una atractiva y fuerte personalidad (…) Conde siempre es una fuente de noticias y no hay un solo periodista que quiera acabar con una fuente de noticias. Pero hay un gran número de periodistas que apoyan a Conde no solo por su simpatía personal». Este primer informe termina con un análisis de las conexiones de Mario Conde, que sitúan al personaje en el centro de lo que podría ser una novela de espías, un film de cine negro con masones, traficantes de armas y lavado de dinero internacional, aunque con demasiadas insinuaciones y condicionales.

El informe de julio, denominado «Crillón - Informe n.º 2», comienza con una advertencia de calado: el banco se hunde. «La situación de Banesto es cada día más peligrosa. El banco podrá sobrevivir durante el año en curso mediante dinero generado por la venta de activos […]. Los activos remanentes son limitados y será difícil o imposible sostener el balance durante el año 1993 […]. Conde es plenamente consciente de que se enfrenta a una situación de rápido deterioro. Sus intentos de lucha parecen incluir movimientos para involucrar al banco en negocios de lavado de dinero en Argentina, Uruguay y posiblemente Chile, así como en operaciones corruptas relacionadas con el programa de privatización de Argentina, ayudado por Menem».

Se trataría de que Banesto comprara «a un precio ventajoso» compañías en proceso de privatización y se repartieran las comisiones entre «Menem, sus amigos y Conde».

Más adelante se incluye un epígrafe titulado «Activos no declarados», en el que se citan vínculos con «fondos que, probablemente, proceden de operaciones de narcotráfico en Tailandia y Perú» . También amplían uno de los asuntos más turbios, el del tráfico de armas: «Fuentes oficiales de África del Sur confirman la participación de Banesto en las ventas de armas y otras operaciones de la firma Armscor durante los años 80, así como la participación de Conde en estos asuntos».

Llega «Crillón - Informe n.º 3», que considera «correctos» los activos de Conde declarados en España, 7.000 millones de pesetas, información confirmada por «una fuente del departamento del Impuesto sobre la Renta» . Repasando «activos no declarados en Suiza», Crillón identifica a UBS (Unión de Bancos Suizos) como «el principal vehículo para que Conde cosechase las comisiones de las principales operaciones de Banesto».

El cuarto y último informe Crillón se centra en los activos ocultos en Suiza, Mónaco y otras jurisdicciones, al tiempo que amplía datos sobre las «operaciones ilegales de armamento» de Armscor, en las que se usaba a Banesto «antes de que Conde se convirtiera en presidente del banco». Con este informe, altamente especulativo, como germen en la sombra, el 28 de diciembre de 1993 el Banco de España interviene Banesto por un agujero patrimonial de más de 600.000 millones de pesetas . Previamente el PSOE ha vuelto a ganar las elecciones generales, por lo que aún no llegaría una alternancia que muchos daban por hecha. Mario Conde ha caído. El nuevo Gobierno le ha ganado el pulso, o eso cree. Pero el banquero no se da por vencido y está dispuesto a levantarse con un objetivo claro: venganza, un amplio capítulo que se desarrolla en 'El jefe de los Espías'.

El misterio sobre el informe Crillón es doble: su contenido y su pago. Según el director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, el vicepresidente Narcís Serra dio la orden, el propio Roldán lo encargó y la agencia internacional de detectives Kroll lo redactó. Según este relato, el coste fue de 100 millones de pesetas a cargo de los fondos reservados . Así lo aseguró Roldán en marzo de 1995 ante el juez Baltasar Garzón, pero esta declaración cayó en saco roto, pues la Sala Segunda del Tribunal Supremo archivó la causa.

Sobre el pago, Emilio Alonso Manglano obtiene información relevante unos días después de la intervención de Banesto, a comienzos de 1994. La recoge el 10 de enero en un cuaderno con tapa gris, de esos en los que registra información complementaria a las agendas. Anota que Luis Roldán maneja dos cuentas en Suiza: «Una para abonar trabajos encargados por N. Serra» . Cuando los hechos trascienden nadie quiere responsabilizarse de haber encargado y pagado este informe con dinero público. Pero Manglano guarda entre sus notas la fotocopia de un breve documento mecanografiado. Apenas tiene tres folios. Lleva por título «Informe sobre el dosier Kroll-Crillón» y va encabezado por un sello que reza «Secreto». Se elabora tras la destitución de Luis Roldán como director general de la Guardia Civil, el 3 de diciembre de 1993. En su despacho se custodiaban varios documentos, entre ellos una carpeta de «Asuntos varios» que incluye «una subcarpeta bajo la denominación Kroll-Crillón 16.01.91», que desvelaba la existencia del informe sobre el informe, supervisado por Roldán: «Se hicieron varias copias, probablemente tres. Una de ellas se envió mediante un guardia de la escolta del director a la Secretaría del vicepresidente del Gobierno (…) un sobre cerrado, personal y confidencial dirigido al Excmo. Sr. Don Narcís Serra y Serra», dice el informe interno.

En cuanto a cómo se pagó, la investigación de la Guardia Civil sostiene: «Una tarde llamó una persona de la Secretaría del señor vicepresidente del Gobierno (Narcís Serra) para que se mandara retirar un sobre. Esta persona habló con el teniente coronel Solís y le comunicó que se enviara una persona de confianza, porque el mismo contenía siete millones de pesetas. Por parte de la Secretaría del Despacho se mandó al sargento Trinidad y, una vez recogido el sobre, se guardó en la caja fuerte de la Secretaría del Despacho. Al día siguiente, informado el señor Roldán de la existencia del sobre, ordenó que se mandara a don Julián Sancristóbal. Igualmente, en otras ocasiones, por orden del señor Roldán, el teniente coronel Fuentes mandó a miembros de la escolta a recoger sobres con dinero a la vicepresidencia del Gobierno. La cantidad recogida era, normalmente, de unos siete millones de pesetas, que se entregaban al exdirector general, quien, a su vez, lo remitía a don Julián Sancristóbal». Además, «el teniente coronel Fuentes recuerda que en una ocasión el señor Roldán dijo que el vicepresidente andaba mal de dinero y que iba a tener que poner algo de reservados» .

Sancristóbal, exgobernador civil de Vizcaya condenado por el secuestro de Segundo Marey, admitió en sede judicial haber pagado 67 millones de pesetas a la agencia Kroll por el informe. Narcís Serra recuerda a los autores que el Tribunal Supremo, tras la denuncia presentada por el PP, consideró que «era obligación del Gobierno pedir informes sobre personas que pueden crear dificultades en el buen Gobierno del país». El exvicepresidente de Felipe González no sólo niega haber pagado el informe, sino incluso haberlo visto «más allá de un resumen».