El TS avala el delito de rebelión el 1-O porque en Cataluña hubo un «alzamiento»

La decisión del Supremo, que sitúa ya a los golpistas a las puertas del banquillo, es clave: primero, porque supone un aval a la instrucción que el juez Pablo Llarena ha llevado a cabo en los últimos meses entre críticas a su falta de imparcialidad y a acusaciones de persecución política; segundo, porque contempla, al igual que el instructor, que el proceso rupturista que desembocó en la declaración unilateral de independencia se encuadra en el delito de rebelión; y tercero -y consecuencia de lo anterior- porque esa calificación jurídica permitirá la suspensión de sus cargos públicos de los siete procesados que los ostentan, pues son diputados en el Parlamento de Cataluña.

El artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal señala que «firme un auto de procesamiento -lo que ocurrió ayer- y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión». Es la primera vez que se aplica este precepto para un delito de rebelión y supone adelantarse unos meses a una inhabilitación que, de acordarse, ya sería en sentencia, es decir, después del juicio. La aplicación de este precepto afecta a los presos Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Jordi Sànchez, y a los huidos de la justicia española Carles Puigdemont y Antoni Comin, estos dos últimos con orden de detención e ingreso en prisión vigente en España.

La Sala Penal afirma que los indicios disponibles en este momento procesal permiten considerar que la calificación de los hechos como rebelión es «suficientemente razonable» como para no descartarla «de modo absoluto». Reconoce que aunque el término rebelión «evoca los pronunciamientos militares» , el Código Penal no exige el empleo de armas para apreciar el delito. De hecho, esgrimirlas supone sólo una agravante del tipo delictivo básico.

Los magistrados recuerdan que los actos de violencia encaminados a la celebración del referéndum del 1-O, fueron «asumidos y alentados» directa o indirectamente por los autores del plan rupturista que, « ante la imposibilidad de una negociación orientada a ese objetivo, planearon la movilización popular y el enfrentamiento físico con los agentes representantes del Estado como la forma de obligar a éste a claudicar y aceptar aquella declaración y el mismo hecho de la independencia».

La Sala avala también el delito de malversación, pues a través del «engaño» se desviaron fondos para el 1-O.