Las asociaciones de jueces cuestionan la investigación de Garzón sobre los desaparecidos del franquismo

El portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV), Lorenzo del Río, se ha mostrado sorprendido de que se abra la vía penal para la identificación de personas o de fosas cuando esto "perfectamente se podía ver en la vía administrativa y haber un impulso político para esta materia". En su opinión, habrá que ver hasta qué punto este asunto puede ser competencia de la Audiencia Nacional. "La vía penal está para averiguar delitos y posibles sujetos responsables, pero no para otro tipo de cuestiones", ha reprochado al juez de la Audiencia Nacional.

En este mismo sentido se ha pronunciado el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Miguel Ángel Jimeno, que ve difícil que prospere la investigación de Garzón y que pueda concluir en una acusación por delito. Aunque ha defendido el derecho de los familiares de las víctimas a saber "dónde se encuentran sus muertos", ha cuestionado que se haga a través de un proceso judicial. Para que actúe un juez penal, ha recordado el portavoz de JpD, es preciso que existan unos hechos que puedan ser constitutivos de delito y que puedan ser perseguidos en la actualidad. Se trataría entonces de un delito de genocidio, que no prescribe, aunque su incorporación a la legislación española es posterior a los hechos que se investigan y no se puede actuar con efectos retroactivos.

El juez de la Audiencia ha dado un plazo de quince días a las asociaciones de familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo que han presentado denuncias en su Juzgado para que le faciliten una relación de las víctimas y su posible ubicación.

En una providencia, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 fija este plazo con el fin de poder determinar, "con la mayor rapidez posible", si es competente para investigar estos hechos.

Garzón pidió ayer al abad del Valle de los Caídos, al Archivo General de la Administración, a la Conferencia Episcopal y al Centro Documental de la Memoria Histórica, así como a los alcaldes de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid que le informen sobre el número de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo.

Solicitó también a las partes personadas -hay un total de ocho asociaciones de familiares de desaparecidos- que aportaran los datos que dispongan sobre las personas que estén realizando exhumaciones de víctimas de desapariciones forzadas con el fin de que estas actuaciones puedan ser controladas por su Juzgado "tanto en su ejecución como en su resultado una vez que se resuelva sobre la competencia".