Del Aquarius al Open Arms: giro total en la política de inmigración de Sánchez

Pero el gobierno es otra cosa. Puede especularse sobre si el Aquarius tuvo o no un efecto llamada, y sobre si la certeza de que efectivamente fue así llevó a Sánchez a dar un violento giro a sus políticas. Los datos son que al día siguiente de la recepción en Valencia del barco de la ONG SOS Mediterranée se rescató en pateras frente a las costas andaluzas una cifra de personas pocas veces vista, 1.115 en 24 horas, según consta en las estadísticas de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM). Es una realidad objetiva que ese junio se inició una escalada que culminaría en el peor año de la inmigración ilegal en nuestro país: 65.325 incursiones registradas, 58.525 de ellas por mar, más del doble que en 2017. Desde primeros de agosto hasta marzo pasado, España ha estado ininterrumpidamente por encima de Grecia en cuanto a número de inmigrantes. Italia, con el cierre impuesto por su vicepresidente Matteo Salvini, simplemente ya no pertenece a ese ranking.

Con las distintas crisis de los buques humanitarios vagando por el Mediterráneo, en Bruselas comenzó a hablarse el verano pasado de «centros controlados» en países extracomunitarios, una idea que no prosperó y que arrancó las protestas de los estados interpelados, reacios a instalar en sus respectivos suelos sucedáneos de Guantánamo. La prueba del fracaso de aquella iniciativa es que nadie ha vuelto a hablar de ella, también debido a que, con uno u otro argumento, con el bloqueo en febrero en Sicilia del Sea Watch 3, el mar que nos separa del norte de África se quedó sin la última ONG a flote entregada al socorro de inmigrantes.

No obstante, con la llegada del calor y la temporada alta de inmigración, algunos de estos barcos se han desentendido de las prohibiciones, caso del Open Arms, que optó por socorrer a 121 personas frente a las costas libias a pesar de haber sido desautorizado para ello por el Ejecutivo de Sánchez , al que ahora pide ayuda para forzar a que la UE fije puerto de desembarco. «No somos un Gobierno que pueda estar interpelado en esta situación y no somos el puerto ni más seguro ni más cercano», dijo ayer la vicepresidenta, Carmen Calvo, en el enésimo gesto de rechazo al Open Arms. Se acabaron los tiempos del Aquarius.

Pero si hay otro flanco en el ámbito migratorio donde las intenciones y los titulares de relumbrón de los primeros momentos se han quedado en nada es en lo que respecta a la retirada de las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla. El titular del Ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska, hizo pública su determinación absoluta en ese sentido nada más llegar a su despacho, pero a fecha de hoy, ni se ha eliminado el alambre de cuchillas ni hay noticia de los informes que se encargaron para buscar un sistema disuasorio alternativo.

Marruecos tuvo mucho que ver a la hora de frenar los ímpetus de Marlaska, el mismo Marruecos por el que Pedro Sánchez y su equipo se están peleando en Bruselas para que la UE acepte compensar económicamente a Rabat a cambio de que contenga la inmigración, a imagen de como se hace con Turquía para que se ocupe de los refugiados que van rumbo a Grecia.

En manos marroquíes se va a poner un nutrido abanico de medios para que impermeabilice su litoral e impida la salida de pateras y, entretanto, se le va cediendo más y más protagonismo en el rescate de los inmigrantes que se adentran en el mar, pero que ahora acaban regresados a Marruecos. Con el ahorro en términos de acogida, internamientos o repatriaciones que eso supondrá para España. Está por ver cómo hubiera reaccionado el PSOE, tan hipergarantista en cuanto a la observancia de los derechos de los extranjeros más vulnerables, de haber estado en la oposición viendo al PP emprender un camino así.

Una pincelada más: Sánchez no ha movido un dedo para abolir las devoluciones en frontera previstas en la Ley de Seguridad Ciudadana. Estaba en su programa electoral.