Acuerdo entre PSOE y PP para al menos ocho jueces del CGPJ

La presencia de Gema Espinosa , magistrada de la Audiencia de Barcelona y exdirectora de la Escuela Judicial, y la de Alejandro Abascal, juez de refuerzo en la Audiencia Nacional, se da por hecha ya. La primera concurrió al proceso de selección que se inició en verano de 2018 con el mayor número de avales, en concreto, 309. El segundo va en la lista de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la misma por la que se presenta José Antonio Montero , magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo y quien contará con una silla en el Consejo. También por la APM -que representa a un cuarto de los jueces en activo y a la mitad de los asociados- tienen muchas posibilidades Reyes Vila, juez de Primera instancia 29 Sevilla, y José María Páez, decano de los jueces de Málaga, si bien la presencia de uno de ellos puede estar supeditada a la entrada de otros jueces a propuesta del PP que, como Espinosa, se han presentado con avales de compañeros (y no de una asociación) y por los que los que los negociadoresde Génova, Enrique López y Teodoro García Egea, han mostrado especial interés. Se trata de Francisco Oliver, juez de lo Penal 6 de Móstoles, y Raúl Sánchez Conesa, magistrado del TSJ de Murcia. Según ha podido saber ABC de fuentes próximas a la negociación, el PNV asumiría uno de los nombres de la lista de jueces propuestos por el PP.

Entre los doce vocales de procedencia judicial propuestos por el PSOE figuran algunos de los nombres que estaban en el acuerdo alcanzado entre Dolores Delgado como ministra de Justicia y Rafael Catalá como negociadore de Génova, como el magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo Ángel Arozamena; el juez de lo Mercantil José María Fernández Seijo y el expresidente del Tribunal Superior de La Rioja Ignacio Espinosa, tío de Alberto Garzón y con una dilatada trayectoria profesional. Uno y otro son vistos con buenos ojos por Podemos, al que, como informó ABC, en aras del acuerdo con el PP, el PSOE no ha permitido tener en el Consejo a vocales con perfiles tan marcados como los de Victoria Rosell y José Ricardo de Prada. Este último llegó a pasar el filtro del Congreso en el cupo de juristas. Junto con los antes citados, en el cupo del PSOE todo apunta a que estarán Esther Erice, presidenta de la Audiencia de Navarra, e Inmaculada Montalbán, magistrada del TSJ de Andalucía. Ayer también se hablaba de María José Renedo, recién elegida presidenta del TSJ de Castilla y León, lo que puede suponer una traba.

Respecto al cupo de juristas hay mayor incertidumbre, porque el veto que se ha autoimpuesto el PP a vocales que hayan pasado por política ha cerrado la puerta a parlamentarios, como el exdiputado José Miguel Castillo y el exsenador Manuel Altava . Está en aire si PP y PSOE volverán a apostar por Rosa Rubio o al letrado de la Administración de Justicia Luis Martín Contreras, respectivamente.

Una de las apuestas del PP es el decano de los Procuradores de Madrid Gabriel de Diego; y por parte del PSOE están promoviendo con mucho interés la candidatura del exministro y fiscal Antonio Camacho el presidente de la Generalidad Valenciana, Ximo Puig , y la fiscal Gabriela Bravo, quien fue portavoz del CGPJ. Es una incógnita si en el PSOE se sigue contando con Pilar Fernández Pérez, miembro de la Unión Progresista de Fiscales, y de la que es valedora Dolores Delgado, y con la catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de Córdoba Carmen Sáez Lara.

Entretanto, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) afronta hoy el que con toda probabilidad ya será el último pleno de un órgano que lleva en funciones desde diciembre de 2018. Se espera que sea intenso porque en el orden del día están los nombramientos que el presidente, Carlos Lesmes , tuvo que introducir tras obligarle un escrito firmado por ocho vocales de distintas sensibilidades. Todos ellos consideran que la decisión de paralizar los nombramientos no debe ser del president e, sino que, como sucedió en enero y julio del año pasado, es algo que atañe a los veinte vocales. Al cierre de esta edición, y sin tener constancia del anuncio oficial de un acuerdo por parte de PSOE y PP , fuentes del Consejo defendían que este órgano tiene que seguir desempeñando sus funciones con normalidad y al margen de los acontecimientos políticos. Si hay unanimidad para suspender estos nombramientos no llegarán a votarse.