Ábalos pide el archivo del caso mascarillas y ataca las «fabulaciones» del 'pentito' Aldama

En el escrito, al que ha tenido acceso ABC, la nueva defensa de Ábalos explica que se ha cerrado la instrucción sin darles acceso a dicho material «y sin poder proponer o practicar diligencias de análisis que contrarresten la versión acusatoria plasmada en el auto de procedimiento abreviado». Y pone el foco especialmente en el disco duro encontrado en el domicilio de Koldo García, su exasesor en el ministerio, y que era «propiedad» del exministro.

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«Necesitamos, pues, disponer de la evidencia utilizada por la Guardia Civil en sus informes (...) para poder preparar y determinar cuándo comenzó verdaderamente la investigación frente a nuestro representado, y si se vulneró su inmunidad parlamentaria, y ello sólo puede hacerse mediante el examen de elementos informáticos de su pertenencia», abunda.

Por otro lado, recalca que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil indicaba en su informe sobre el patrimonio de Ábalos que éste pedía a Koldo García folios y cajas de folios para referirse a cantidades dinerarias, y al respecto explica que «la narración construida por la unidad actuante acerca del término folios hacía y hace necesaria una prueba de contraste de otros significados posibles de dicha palabra, para que su significado exacto pueda ser hipotéticamente valorado por un tribunal sentenciador».

Lamenta, por otro lado, que toda la investigación hasta el momento «se basa en la declaración de un 'pentito' (arrepentido) y en una hoja de anotaciones por él elaborada», en alusión al empresario Víctor de Aldama. «Al parecer, dicha persona habría llegado a un acuerdo con la acusación para incriminar al resto de los investigados a cambio de beneficios penales y penitenciarios», aclara, para luego sumar que «en un mundo en que incluso un adolescente con un teléfono móvil es capaz de realizar grabaciones videográficas de los momentos más inconvenientes de un tercero, no exista un soporte gráfico de sus afirmaciones».

«En consecuencia, la base del auto de procedimiento abreviado (el procesamiento) son las declaraciones del imputado Aldama en sede judicial sin aportar ninguna prueba más que su palabra y tres hojas de fotocopias sacadas de los Presupuestos Generales del Estado del año 2021 marcadas manualmente en color rosa y en color verde», recalca.

En cuanto a la parte de las posibles comisiones cobradas por el exministro a cambio de favorecer a determinados empresarios -cabe recordar que la UCO sostiene que Aldama pagaba 10.000 euros a Koldo para que lo repartiera con Ábalos, por ejemplo-, la defensa subraya que según informes «el gasto en tarjetas de crédito permaneció casi incólume entre el año 2014 y el año 2024».

«Es significativo este dato, pues si, como afirma la resolución que se recurre, mi representado hubiera dispuesto de grandes cantidades de efectivo, el gasto de tarjetas hubiera caído a cero, y esto no ha ocurrido, como no puede dejar de reconocer el informe de la UCO» sobre su patrimonio. Al hilo, subraya que «no existe ninguna evidencia para vincular a Ábalos con el supuesto pago de 10.000 euros mensuales» del empresario, al que acusa de «fabular».

Añade que «esas gigantescas cantidades» de las que se habla, «primero un millón, luego dos, y ahora parece que cinco, según declaraciones del 'pentito', no aparecen por parte alguna». «Sólo tergiversando los números se ha llegado a una cifra de apenas 95.000 en diez años, lo que hace una cantidad de apenas 9.500 euros al año. Pues bien, una supuesta comisión por este importe debida a la adjudicación de material sanitario y otras facilidades ante distintas administraciones se antoja bastante ridícula», añade.

En definitiva, añade la defensa, «la terca realidad es que no hay dinero procedente de esas 'mordidas' millonarias» atribuidas al exministro en la gestión de los distintos cargos orgánicos y gubernamentales que ha desempeñado, «y tampoco hay rastro de la parte del 'botín indiciariamente obtenido' de 5.000.000 de euros estimado por el instructor del Supremo (Leopoldo Puente) en su auto del 30 de junio de 2025 por el que envió a prisión a Santos Cerdán», ex secretario de Organización del PSOE.

En cuanto a los movimientos dinerarios entre Koldo García y el exministro, la defensa explica que la UCO y el juez «obvian» que el exasesor «adelantaba gastos que luego eran devueltos» por el exministro. «El Sr. Koldo no era una fuente de efectivo procedente de turbios orígenes. Existía una suerte de caja de compensación entre gastos adelantados por el Sr. Koldo y devoluciones posteriores de mi presentado», añade para luego explicar que sería «absurdo» que si Aldama facilitaba dinero a Koldo García para Ábalos, éste luego reintegrara gastos adeudados a su asistente.

En el recurso, la defensa repasa una por una las supuestas dádivas que habría recibido el exministro (piso de Plaza de España para su pareja, el chalé de la Alcaidesa, piso de la Castellana, el alquiler del chalé de Villa Parra o las contrataciones de determinadas personas en Ineco, Logirail y Tragsatec ) para negar que fueran pagos por sus servicios a la trama. Por último, incide en que los contratos de mascarillas firmados con la empresa vinculada a De Aldama, Soluciones de Gestión, siendo él ministro de Transportes «se ajustaron a la normativa excepcional que les resultaba aplicable», que no hubo «exceso injustificado en el precio pagado por los suministros contratados» y pide así la nulidad del procesamiento y el archivo de la causa para él. Además, subsidiariamente interesa que se suspenda la tramitación de la causa mientras se resuelve el presente recurso de apelación.

Por su parte, Koldo García también ha interesado la nulidad del auto del procesamiento al entender que no puede ser investigado por el mismo asunto en dos juzgados distintos: la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Además, indica que hasta la fecha no se le han devuelto «los dispositivos telefónicos intervenidos» por lo que esto le genera indefensión.

Tras negar haber tenido mano en la gestión para la compra de mascarillas y haber tenido relación con Soluciones de Gestión, añade que las actuaciones se han de anular dado que «se está llevando a cabo una investigación por hechos que no formaron parte del suplicatorio» elevado al Congreso para abrir causa a Ábalos.

«Son hechos nuevos, en concreto en esta causa especial, la financiación pública de Air Europa; las gestiones realizadas en favor de Villafuel para que sus representantes lograran la licencia de operador de hidrocarburos; las gestiones del Sr. De Aldama Delgado con don Carlos Moreno para la obtención de aplazamientos tributarios; y la colocación en empresas públicas de Jessica Rodríguez y Claudia Montes».