Andreu debe decidir si asume la investigación por el caso Banco Madrid

La querella atribuye un delito de blanqueo de capitales a Banco Madrid, como persona jurídica, y a su expresidente José Pérez; el ex consejero delegado Joan Pau Miquel, -actualmente en prisión en Andorra-; los hermanos y dueños de BPA Higini y Ramón Cierco; Soledad Núñez y Ricard Climent, así como al exsecretario del Consejo Rodrigo Achirica.

Se trata del mismo delito que aprecia la Fiscalía Anticorrupción, que ya abrió sus propias diligencias de investigación el pasado 13 de marzo a raíz de la denuncia que ese mismo día le presentó la unidad de inteligencia financiera española, el Sepblac, tras detectar operaciones irregulares que podrían indicar que la entidad ayudó al blanqueo de capitales. Además, el Sepblac, presidido por el secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa, abrió un expediente administrativo por faltas graves y muy graves cometidas en la entidad dedicada al negocio de banca privada.

De admitirse esta primera querella, Anticorrupción deberá entregar al magistrado sus pesquisas, realizadas en colaboración con la UDEF, así como el informe del Sepblac. Esta curcunstancia podría provocar retrasos en las investigaciones y, de hecho, las fuentes consultadas consideran que era más operativo esperar a que las indagaciones sobre este asunto estuvieran mucho más avanzadas para judicializarlas

Según relatan a Efe fuentes cercanas a la investigación, Banco Madrid es un viejo conocido para la Fiscalía Anticorrupción y Contra el Crimen Organizado, puesto que en muchas de sus investigaciones como la centrada en el ruso Andrei Petrov, considerado cercano a la mafia, o la trama china de Gao Ping, salía a relucir el nombre de la entidad.

Entre las operaciones sospechosas de blanqueo denunciadas por el Sepblac, aparecen también nombres de altos cargos del Gobierno venezolano de Hugo Chávez o el de uno de los jefes de campaña del presidente mexicano Enrique Peña Nieto, así como el de la familia Carceller, propietaria de Damm.

Por el momento, el Ministerio Público continúa con el análisis y volcado de toda la documentación que se incautó en la sede de Banco Madrid a mediados de marzo y de la que agentes de la Udef recabaron en la de BPA, y de la que las fuentes consultadas no descartan aflore la comisión de otros delitos contra la Hacienda Pública e incluso de cohecho internacional.

Los consejeros querellados dimitieron en bloque una vez el Banco de España decidió intervenir la entidad el pasado 10 de marzo, y ese mismo día el supervisor andorrano hizo lo propio con su matriz, acusada por Estados Unidos de ayudar a lavar dinero del crimen organizado.

Banco Madrid está ahora en manos de los administradores concursales, nombrados por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid, que tras aceptar el concurso voluntario presentado por los administradores que había designado el Banco de España tras la estampida de sus consejeros, inició los trámites para proceder a su liquidación.

Mientras todo esto ocurría, «el pánico y desconfianza de los clientes» causó una fuga de depósitos entre el 10 y el 13 de marzo de 124 millones de euros, a los que se unían otros 52,3 millones de órdenes pendientes de ejecución y el «riesgo» de que gestoras de fondos pudieran cursar otras por un importe cercano a 150 millones, según el magistrado encargado de tramitar el concurso.