El Parlamento catalán aprueba solo 22 leyes en una legislatura dedicada al soberanismo

Lo resumía hace pocas semanas públicamente el presidente de la patronal catalana Fomento del Trabajo, Joaquim Gay de Montellà, y lo corroboraba en privado otro alto empresario catalán, alarmado, como muchos otros de sus colegas, ante la constatación de que que el Ejecutivo de Artur Mas solo trabaja por y para el «proceso».

La misma tesis la expuso recientemente el líder de Unió Democràtica (UDC), Josep Duran, que echaba en falta una mayor proyección de la acción de la Generalitat más allá de los aspectos relacionados con el «proceso». De manera más discreta, otro dirigente de UDC cargaba aún más las tintas, denostando lo que a su criterio es una parálisis casi completa del Ejecutivo catalán. «No es conveniente que lo único que haga y explique la Generalitat esté relacionado con el proceso. Hay que gobernar», señalaba.

La realidad es que, ante la extendida creencia de que Artur Mas va a adelantar los comicios -de nuevo, tras hacer lo mismo en 2012-, en las consejerías se ha generalizado la actitud de postergar decisiones, de aplazar proyectos. «No hay acción de gobierno. En esta legislatura todo el esfuerzo se ha concentrado en la consulta del 9 de noviembre. Como si no existiese nada más», añadía el mismo empresario antes citado. Los consejeros de perfil menos político andan fuera de juego y otros, como la consejera de Educación, Irene Rigau, actúan con la proa puesta en el proceso.

Esta focalización del esfuerzo se ha trasladado también al ámbito legislativo, con un «Parlament» volcado en aprobar leyes y normativas relacionadas con el proceso. Aunque en el último periodo de sesiones -entre el 1 de septiembre y fin de año- se han aprobado 12 leyes, dos más que en todo el primer periodo de legislatura (que comenzó en diciembre de 2012), lo cierto es que los proyectos de mayor calado han tenido todos un acento claramente soberanista.

El más relevante, la ley de Consultas populares no refrendarias y de participación ciudadana, el «paraguas» legal bajo el que la Generalitat impulsó el 9-N. Otra ley importante, en este caso para impulsar la llamada «internacionalización del conflicto», fue la de Acción Exterior y relaciones con la Unión Europea. Frente a estas dos leyes, el resto de la actividad parlamentaria ha abundado en aspectos más bien colaterales, casi como si se tratase de una actividad de relleno: ley del Protectorado de fundaciones; modificación de la ley de Colegios profesionales de periodistas, publicitarios, diseño gráfico y del audiovisual; ley de representatividad de las organizaciones agrarias... Otras iniciativas, por contra, sí han tenido mayor trascendencia, como la ley contra la Homofobia o la ley de Transparencia.

En paralelo, entre las diez leyes aprobadas con anterioridad, dos de importancia, aunque suspendidas por el TC: la ley de Horarios comerciales y la ley de Depósitos bancarios. Otras iniciativas han venido forzadas por acontecimientos externos, como la confesión del «exhonorable» Pujol como un defraudador, lo que llevará a modificar los derechos y estatuto de los expresidentes de la Generalitat.

En definitiva, y tal y como denuncia el empresariado catalán y partidos como el PP y Ciutadans -UDC también lo hace, aunque de manera privada-, Cataluña hace balance de otra legislatura perdida. Del mismo modo que la sección política de los diarios ha venido ocupada casi en exclusiva por el «proceso» y la corrupción, la Generalitat y el Parlamento han hecho otro tanto. En el cajón, iniciativas de calado en lo económico, como la reforma del Servicio de Ocupación de Cataluña o la ley de Emprendeduría; falta de impulso en materias sensibles en un momento precisamente en el que la recuperación económica comienza a cuajar. El temor a que el proceso amenace esa mejora se impone.