Violencia de género: de las palabras a los hechos

Tengo el orgullo de haber pertenecido a los Gobiernos que aprobaron las primeras medidas de carácter integral contra la violencia sobre la mujer en España. De 1996 a 2003, en efecto, los Gobiernos del Partido Popular impulsaron los dos primeros Planes Integrales contra la Violencia de Género y la primera Orden de Protección para sus víctimas. Con esta legislación pionera, quedaban protegidos principios indudables compartidos por todos: por una parte, la consideración de cualquier forma de maltrato y violencia contra las mujeres como una violación de los Derechos Humanos absolutamente inaceptable; por otra, el deber de Gobierno y sociedad de proteger activamente esos valores fundamentales de la dignidad y la igualdad.

De ayer a hoy, los españoles hemos logrado avances incuestionables en áreas como la concienciación y la implicación decidida de los poderes públicos. Sin embargo, mientras exista una sola mujer víctima de violencia de género, la prioridad sigue siendo clara: mejorar la protección y la respuesta que damos a estas mujeres y a sus familias. Porque la lucha contra la violencia de género es una de las mejores pruebas del vigor ético de una sociedad.

Una causa tan básica para nuestras libertades solo puede defenderse con hechos. Erradicar la violencia de género no acepta meras declaraciones de deseo, no tolera demagogias ni se basa en palabras sin concreción en la realidad. Tampoco entiende de diferencias ideológicas, porque los valores que a todos nos unen exigen la misma unidad en su defensa. Así lo entendió el Partido Popular cuando, en el año 2004, sumó sus votos para la aprobación de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Y ese mismo mensaje de unidad y cooperación es el que estamos llamados a mostrar hoy todos los partidos.

No es otro el principio que ha guiado la actuación del Gobierno que presido en esta materia. En violencia de género, todo éxito visible es fruto de una coordinación efectiva. Por eso, cuando el Consejo de Ministros, en julio de 2013, aprobó la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer 2013-2016, se buscó la acción conjunta de todos los poderes públicos. Y dicha Estrategia es, en efecto, el primer instrumento de actuación unitario aprobado con el consenso de las comunidades autónomas, las entidades locales y el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer.

La positiva implantación de la Estrategia se debe tanto a los esfuerzos solidarios de los poderes públicos como a la identificación correcta de los objetivos en la lucha contra la violencia de género. Estos pasan por una mayor sensibilización de la sociedad, y asimismo por una respuesta institucional más comprometida y mejor coordinada. La Estrategia también contempla, como no podía ser de otro modo, más ayudas asistenciales a las víctimas, y una mayor protección a los grandes olvidados: los menores. Junto a ello, se plantea una atención más específica a las mujeres en situación más vulnerable.

Al examinar la situación actual de nuestra batalla contra la violencia de género, debo ser muy claro. Y, al respecto, he de decir que solo hay un día en que podremos estar satisfechos de nuestros esfuerzos en la eliminación de la violencia de género, y ese será el día en que nuestra sociedad no tenga que convivir con este drama. Es, ciertamente, una tarea ímproba la que tenemos por delante. Pero contamos ya con hitos positivos que nos marcan el camino. Y que nos animan a seguirlo hasta el final.

Un dato singular es la presencia de esos hitos en ámbitos muy distintos: tanto en sensibilización como en prevención, tanto en eficacia policial como en acción judicial, las cifras indican que avanzamos con la orientación correcta. Lo mismo puede decirse de la atención a las víctimas. Y, por suerte, nada de esto es casual: por el contrario, demuestra que los esfuerzos realizados y las políticas implantadas tienen fruto. No en vano, todos los servicios asistenciales dirigidos directamente a las mujeres que sufren violencia de género se han mantenido o reforzado. Y, ante todo, cabe señalar lo más importante: estamos alejándonos paulatinamente de los peores años de la violencia de género en España. Las cifras siguen siendo inaceptables, pero no son las de 2008, por ejemplo, o 2010.

Creo que hay consenso al afirmar que la lucha contra la violencia de género ocupa una posición nuclear entre las prioridades de una sociedad. Y un Gobierno solo puede actuar en consecuencia. Sin duda alguna, hay muchas maneras de mostrar el compromiso con una causa y la determinación en su defensa. Pero una de las maneras más creíbles es la dotación de recursos. Y, entre todas las partidas de los Presupuestos Generales del Estado, pocas hay que pueda defender con mayor convicción que esta: el aumento, en un 6,86%, del presupuesto de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.

Hay muchas otras realidades que avalan nuestro compromiso, que no es sino el reflejo de los valores de nuestra sociedad. Si el espacio me lo permitiera, aún podría hablar, por ejemplo, del asesoramiento y la justicia gratuitos para las víctimas, de las Unidades de Coordinación y Violencia sobre la mujer, de los protocolos sanitarios específicos, o del Proyecto de Ley del Estatuto de la Víctima, entre muchas de las iniciativas adoptadas. Son medidas, todas ellas, que reflejan un trabajo intenso para cumplir con un afán compartido: vivir en una España libre de violencia de género.

No quiero terminar este artículo sin dirigirme a las mujeres que están sufriendo en primera persona este drama. Y quiero decirles que no están solas. Que no solo cuentan con el apoyo total del Gobierno, sino con el respaldo de todo un país. Su causa es nuestra causa, y sus denuncias, lejos de caer en saco roto, activarán toda nuestra solidaridad y toda nuestra ayuda para que por fin puedan vivir su vida tal y como merecen: sin miedos ni amenazas, y en plena libertad. Ese es el compromiso del Gobierno. Y es también la convicción compartida por una sociedad española que nunca las va a abandonar.