La Fiscalía defiende ante el Supremo que el chivatazo a ETA sirvió al proceso de paz

En una vista pública celebrada este martes en el Tribunal Supremo, el Ministerio Público ha avalado las condenas de un año y medio de cárcel que la Audiencia Nacional impuso a Enrique Pamiés y a José María Ballesteros por el soplo que abortó la operación contra esta red de extorsión el 4 de mayo de 2006. El segundo fue quien pasó su propio teléfono al propietario del bar Faisán, Joseba Elosúa, para que Pamiés le advirtiera de su inminente detención. Como consecuencia de la filtración la operación tuvo que realizarse un mes y medio después.

El fiscal, que en su momento sí pidió en la Audiencia Nacional que se condenara al jefe superior de la Policía en el País Vasco y al inspector de Policía por colaboración con ETA, ha señalado que «ni la conducta ni la intencionalidad de los acusados era servir a los intereses de la banda», sino que su conducta iba encaminada precisamente a lo contrario : a acabar con esa actividad y a no frustrar el proceso de paz del Gobierno de Zapatero.

Por su parte, las acusaciones populares (AVT, DyJ y Partido Popular) han coincidido en señalar que el delito de colaboración con banda armada se consumó cuando se dio el « chivatazo »: «Basta con que se asuma que con esa acción se está favoreciendo a la banda, y ellos sabían que suministrando esa información (advirtiendo a Elosúa de que iba a ser detenido) estaba beneficiando a ETA», ha dicho la letrada de DyJ, Vanessa Santiago.

De la misma forma, el abogado de la AVT, Antonio Guerrero, ha recordado que la jurisprudencia del Supremo solo exige que la conducta en cuestión «sirva a la banda, sin necesidad de ningún otro requisito», como cuál era la intención de lo acusados cuando dieron el «chivatazo».