El pacto entre PP y PSOE de 2011, modelo para acuerdos futuros

El Gobierno ha constatado en los Debates sobre el estado de la Nación que abrir el melón de la reforma constitucional solo serviría para poner de manifiesto la disparidad de propuestas que hay, y el escaso consenso sobre ellas. Pero hay una excepción. Cuando hubo que tocar la Carta Magna, en el verano de 2011, para atender las directrices de la Unión Europea sobre el principio de estabilidad presupuestaria, fue posible el entendimiento entre el PP y el PSOE y se hizo una reforma exprés en el artículo 135. El Gobierno cree que cuando se trate de adaptar la evolución de la Unión Europea a nuestra Constitución ese pacto entre los grandes partidos (más del 80 por ciento del Parlamento) es y será posible.

Hasta ahora, el entendimiento entre el PP y el PSOE sobre la política europea está siendo constante, y ahí está el pacto de Estado que existe de hecho sobre ese asunto, traducido en una Proposición No de Ley aprobada en el Pleno del Congreso el junio de 2013 (en la que CiU y PNV acabaron sumándose a los dos grandes partidos), y revalidado en dos resoluciones del último Debate sobre el estado de la Nación.

Otra cosa son las propuestas que surgen desde casa para cambiar el modelo territorial o poner la Constitución boca abajo de forma partidista sin atender el interés general y nacional. Ahí el consenso es nulo, como también se ha comprobado en el Parlamento.

Rajoy ha sostenido en el Pleno que cualquier posición es en principio aceptable, siempre que se respeten las reglas del juego que establece la propia Constitución. Pero el presidente del Gobierno ha subrayado que antes de plantear realmente una reforma hay que tener muy claro qué se quiere reformar, si es el momento más oportuno para hacerlo y si existe o no suficiente grado de consenso social y político para ello. El presidente del Gobierno sostiene que la Constitución no se hizo al gusto de nadie en concreto, sino al servicio y con el acuerdo de todos, y precisamente ese es uno de sus grandes valores. Un valor que, a su juicio, merece la pena «preservar».

Sin embargo, las propuestas generales que se han planteado esta legislatura desde la oposición van en dirección contraria. El PSOE defiende una modificación para implantar un sistema federal, simétrico o asimétrico, dependiendo de quien lo defienda, aunque nadie acaba de explicar en qué consistiría exactamente y si realmente con ese cambio daría por cerrada la tensión territorial. Desde CiU, su objetivo es el referéndum sobre la independencia, y ese es el único camino que aceptan en este momento.

Izquierda Unida pide, para empezar, la anulación de la reforma del artículo 135 de la Constitución, y luego cambiar la Carta Magna de arriba abajo. Desde UPyD, su portavoz, Rosa Díez, ha propuesto abrir un proceso constituyente y «refundar» el Estado, pero no para dar encaje a las reivindicaciones de los nacionalistas, sino para fortalecer al propio Estado. El PNV defiende una «nueva relación de Euskadi y Cataluña» con el resto de España. En el Grupo Mixto, hay ideas para todos los gustos: Amaiur quiere acabar con España, y el BNG reconocer «la soberanía de sus naciones», entre otros..