Los empresarios endurecen su ofensiva para tumbar el golpe fiscal del Gobierno

Los tímidos movimientos iniciales cuando el lunes el aplazamiento de la reunión de la Comisión de Hacienda hizo evidente la incapacidad del Gobierno para recabar los apoyos necesarios para aprobar su paquete fiscal se han transformado en una ofensiva explícita tras comprobarse la reacción del mercado a la amenaza plasmada en el pacto PSOE-Sumar de desmontar el régimen fiscal de las socimis.

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Daniel Caballero

El desplome de la cotización de Merlin y Colonial ha actuado como un despertador sobre el mundo empresarial, que de repente ha tomado conciencia del riesgo real para sus intereses del enésimo ataque fiscal del Gobierno.

El contexto geopolítico y económico la desaconsejan (por la reforma fiscal del Gobierno), subraya el argumentario que el área de relaciones con las cortes de CEOE, bajo la dirección de José Luis Ayllón, está trasladando estos días a los grupos parlamentarios en un intento por frenar las medidas fiscales sobre las empresas que el Gobierno quiere introducir. Sostienen los emisarios de la organización empresarial que no tiene sentido que mientras la UE llama a configurar un mercado único el Gobierno se descuelgue con medidas que van en contra de ese principio e introducen cargas sobre sectores como el bancario, el de las socimis o el de la sanidad privada que no se dan en otros países.

«Es un ejemplo más de la demonización que sufrimos las empresas y especialmente nuestro sistema bancario», señala también el argumentario elaborado por la CEOE.

Demonización de sectores clave, cargas fiscales superiores a las vigentes en los países con los que España compite por captar inversiones y desacople del estándar europeo son los tres argumentos que enarbola la patronal para tratar de persuadir a lo que Fomento del Trabajo llamó el miércoles, en otro inusual comunicado en el que instaba a PNV y Junts a rechazar los golpes fiscales a socimis y sanidad privada, «los grupos políticos que apoyan la economía productiva».

Tras el acuerdo PSOE-Junts-PNV, que cerró el paso al impuesto sobre las energéticas, se daba por hecho que el impuesto a la banca sería una de las medidas con más visos de salir adelante. El trámite parlamentario ha puesto de manifiesto la falta de apoyo suficiente. Ante ese resquicio de que pueda caer, las entidades financieras han intensificado sus intentos de torpedearlo en privado con algunos grupos parlamentarios. Como publicó ABC, el sector transmitió a PNV y Junts sus inquietudes y argumentos para convencerles de dar marcha atrás en el tributo, de momento sin éxito.

De hecho, las mayores opciones de que decaiga asoman a la izquierda del PSOE. Podemos ya dejó claro que no apoyaría ninguna medida del paquete fiscal planteado por el Gobierno si no incluía también el impuesto a las energéticas, una clave en la que se han movido también en los últimos días ERC, Bildu e incluso Sumar.

El sector financiero ha incrementado su ofensiva también en público, tirando del argumentario que arman las patronales AEB y CECA. Fuentes bancarias denuncian que el gravamen no tiene en cuenta el impacto económico que genera y que provoca inseguridad jurídica y discriminaciones en el propio sector -entre grandes y pequeños por la progresividad- y entre sectores. También aportan argumentos económicos, ya que estiman que la recaudación del gravamen supone una merma estimada de 50.000 millones en la capacidad de financiación bancaria.

Las socimis también han adoptado una oposición activa. Ismael Clemente, consejero delegado de Merlin Properties, confirmó ayer en una conferencia con analistas e inversores la posibilidad de trasladar su sede de España. Atacó de frente a Sumar y al PSOE por la medida, pero desveló que trabajan con el escenario de que no salga adelante: «Nuestro escenario central es que no ocurra pero tenemos que estar preparados para lo peor».

El mundo empresarial está jugando a aprovechar el momento para tumbar al completo la reforma fiscal del Gobierno, que no solo les perjudica por el lado de la banca, las socimis o los seguros médicos privados, sino también por la reinstauración del decreto Montoro derogado por el Constitucional que les supone una carga anual extra de unos 3.000 millones anuales. PP y PNV ya han deslizado esta semana que quizá la opcion más viable sería acordar el impuesto europeo y desagregar el paquete fiscal para garantizar un consenso político.

Pero hay más escenarios posibles. El ansiado por el Gobierno es aprobar el 'pack' pactado con Junts y PNV, que le aseguraría 8.000 millones para 2025, con algún guiño a Sumar y la izquierda para garantizar mayoría parlamentaria. El más improbable es que el bloque de izquierdas imponga sus postulados: impuesto a las energéticas, impuesto sobre la banca y socimis.