El Gobierno fuerza otro aplazamiento de su paquete fiscal ante la falta de apoyos

En una práctica nada habitual, pero que el Ejecutivo de Pedro Sánchez parece estar convirtiendo en costumbre, el Congreso aplaza la sesión de la Comisión de Hacienda y Función Pública para que los partidos que gobiernan en coalición sigan negociando con sus potenciales aliados, cuyo respaldo a la norma no está garantizado. En un principio, el dictamen debería haberse aprobado en comisión el lunes y haberse votado ya en pleno este jueves, pero el miedo a asumir otra derrota parlamentaria provocó una maniobra 'in extremis' para quitar este asunto del orden del día de la sesión plenaria y posponer la reunión de la comisión a este jueves. Ahora se vuelve a aplazar y se convoca para el próximo lunes, 18 de noviembre.

El proyecto de ley pretende establecer un impuesto mínimo global para las multinacionales y grandes corporaciones, un objetivo que genera consenso y que es de obligado cumplimiento por una directiva europea, pero el PSOE llegó a un acuerdo con Junts y el PNV durante la tramitación de la norma que lo enrevesó todo. Los socialistas pretendían mantener en el tiempo los impuestos a la banca y a las energéticas, algo que 'a priori' no casa con los postulados de esos dos aliados, pero llegaron al acuerdo con ellos, vía enmiendas, de mantener el primero de ellos al menos durante los ejercicios de 2024, 2025 y 2026, pero dejar caer el segundo.

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Esto irritó no solo a ERC y a Bildu, que pretenden que ambos gravámenes sean «permanentes», sino incluso a Sumar, que comparte el Consejo de Ministros con el PSOE. ABC publicó el domingo que la ley corría serio peligro y el lunes, 44 minutos antes del arranque de la comisión —esta vez se ha anunciado en plenas votaciones plenarias con el órgano convocado cuando concluyesen—, se informó de su suspensión para evitar una derrota del Ejecutivo. Poco después, los dos partidos del Gobierno anunciaron un acuerdo para impulsar un paquete fiscal con medidas como la eliminación de la fiscalidad especial de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (Socimi), la subida al veintiuno por ciento del impuesto sobre el valor añadido (IVA) de pisos turísticos y la eliminación de subvenciones a seguros de sanidad privados.

El PSOE y Sumar, en su pacto fiscal, seguían dejando fuera a las energéticas, por lo que no convencieron de sus bondades a ERC ni a Bildu, pero a su vez metían cuestiones como el encarecimiento impositivo de los seguros médicos privados, lo que rechazan, como publicó este miércoles ABC, tanto Junts como el PNV. Con este maremágnum de posiciones cruzadas, algunas voces han empezado a pedir este jueves que se llegue a un acuerdo de mínimos para salvar el impuesto a las multinacionales, algo en lo que parece haber acuerdo prácticamente de todos los grupos, pero que se dejen de lado el resto de reivindicaciones, con la excepción de la enmienda del PNV para responder al fraude del IVA en los hidrocarburos, que también genera consenso.

Fuentes del Grupo Parlamentario Popular, horas antes de este nuevo aplazamiento, ya sugerían la posibilidad de que el Gobierno volviese a emplear esta artimaña, pero, al mismo tiempo, se mostraban dispuestas a apoyar el dictamen con la inclusión de la enmienda de los hidrocarburos. Juan Bravo, portavoz económico del partido, había dicho ya por la mañana en redes sociales que «debe ser aprobado lo acordado en Bruselas con todos los países». En la misma línea se ha pronunciado un diputado poco sospechoso de ser de la cuerda del PP, el líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián: «Yo creo que la base que viene de Bruselas es unos mínimos y quizás sería bueno que saliera, pero veremos».

Su homóloga de Bildu, Mertxe Aizpurua, también ha dicho que esa podría ser «una solución» si bien ha añadido que seguirán peleando por incluir el impuesto a las energéticas. Aitor Esteban, del PNV, quien ya este miércoles abogó por dejar «limpio» el proyecto de ley, ha abogado otra vez por lo mismo. El problema llega desde Junts porque su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, ha deslizado sucintamente a los periodistas que su partido quiere todo el «paquete». Es decir, que no renunciará tan fácilmente a lo que había pactado con el PSOE.

Fuentes de ERC aseguran que han ofrecido al Gobierno respaldar el proyecto de ley si accede a retirar todas las enmiendas para que no lleguen vivas al pleno, con la salvedad de la de los hidrocarburos y el 'decreto Montoro', que en su día fue tumbado por el Tribunal Constitucional porque el exministro del PP aprobó una fórmula vía real decreto ley, y no a través de un proyecto de ley, que garantizaba la recaudación anual de unos 3.000 millones de euros a través del impuesto de sociedades. «No es aceptable votar enmiendas que dan por perdido el impuesto de las energéticas. Las tienen que retirar. Si no, votamos en contra», sostienen los republicanos.

Sus votos para el proyecto de ley, como los del resto de los socios, serían irrelevantes si el PP se aviene realmente a aprobar el proyecto de ley que traspone la directiva europea y se dejan fuera el conjunto de las enmiendas —con la excepción de la de los hidrocarburos—. Fuentes parlamentarias dicen que los populares no han enviado mensajes de tranquilidad al Gobierno en ese sentido, pero este, aun así, sigue empeñado en tratar de cuadrar el círculo y convencer a sus socios para sacar adelante sus enmiendas. Desde el Ministerio de Hacienda aseguran a este periódico que por ahora no valoran renunciar a las modificaciones pactadas con parte de sus socios: «De momento se está negociando para sacar adelante las enmiendas».

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, cuyo partido no tiene asiento en la comisión, pero sí deberá posicionarse cuando el proyecto de ley llegue al pleno, ha advertido: «Nos parece que el Gobierno se equivoca porque no estamos en un momento en el que se pueda eliminar un impuesto a las energéticas. Queremos dejar claro que los votos de izquierdas valen igual en este Congreso que los votos de derechas». En la línea opuesta, la portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Cámara Baja, Pepa Millán, ha criticado la subida de impuestos planteada por el Ejecutivo y ha lamentado que esa sea su «prioridad» en «los peores momentos para muchísimos españoles» tras la trágica gota fría en Valencia.