La OCDE desbarata las previsiones del Gobierno y apunta a una explosión de gasto en pensiones tras la reforma

En este sentido, aunque el informe vinculante sobre las acciones del Ejecutivo en materia del pensiones será el Ageing Report que la Comisión Europea hará publico en primavera de 2024 -y del que se desprenderá la necesidad de un mayor ajuste del gasto en prestaciones o de mayores ingresos para su cobertura- la lectura que hace el servicio estadístico de la OCDE en el informe 'Pensions at a Glance 2023' apuntala las dificultades existentes en el entorno macroeconómico para dar cumplimiento a las previsiones del Gobierno plasmadas en el reciente informe presentado sobre 'Proyecciones del gasto público en pensiones España' que recientemente hizo público el anterior titular de la cartera de Seguridad Social José Luis Escrivá.

En este sentido, las cifras publicadas por el 'think tank' de los países más desarrollados arrojan que el gasto en pensiones en España ascenderá hasta el 15% del PIB en 2050. Apenas son tres décimas más que la previsión del Gobierno, del 14,7% para ese año, pero la OCDE no incluye el impacto de las medidas aprobadas en los últimos años -que todos los expertos e instituciones como la Airef y el Banco de España ya descuentan que incrementará el desembolso anual en pensiones por parte del Estado-. «Por ejemplo, en España se han eliminado tanto el Índice de Revalorización de las Pensiones como el Factor de Sostenibilidad, que, según los escenarios alternativos mostrados en la ficha de país del Informe sobre el Envejecimiento 2021, aumentaría sustancialmente el gasto en 2050», advierte la OCDE sobre la senda de gasto público en pensiones dibujada en el informe presentado este miércoles.

De hecho, se hace eco la institución de ese anterior informe sobre envejecimiento de la Comisión Europea publicado en 2021, donde se elabora un escenario alternativo a la senda de gasto en pensiones en el caso de que se elaborase una reforma derogatoria de las medidas impulsadas por el PP en 2013 -la anterior reforma de pensiones a la realizada por el actual Gobierno-. Ahí, la Comisión Europea atribuye a la derogación del Factor Sostenibilidad un gasto extra de 0,8 puntos del PIB para 2050, lo que equivaldría a unos 12.000 millones de euros.

Pero el informe de la OCDE tampoco incluye en sus estimaciones el impacto de la derogación del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP). Aquí, aunque el mencionado Ageing Report de 2021 no recoge efecto de vincular al IPC las revalorizaciones anuales de las prestaciones -que además superará ese nivel de inflación en el caso de pensiones mínimas y no contributivas- tanto la Airef como el propio Gobierno prevén que agregue unos 2,7 puntos porcentuales del PIB de gasto: unos 40.500 millones de euros.

En este sentido, la OCDE advierte de que su estimación del 15% del PIB para 2050 desprecia ambas medidas anteriormente mencionadas que aplicarán un gasto extra para mediados de siglo de unos 52.500 millones de euros. En comparación con las estimaciones del Gobierno, la Seguridad Social proyecta casi un 15% de gasto máximo para 2050 pero incorporando ya todas las modificaciones de las reformas de 2021 y 2023, e incluso estima cuál será el impacto presupuestario 'real' descontando el incremento de ingresos previstos con las medidas de refuerzo mediante aumento de cotizaciones sociales. Aquí, el Gobierno estima que el flujo llegaría a suponer 1,8 puntos del PIB en su máximo despliegue, unos 27.000 millones de euros anuales más que mitigaría el aumento de la factura. Aunque aquí los expertos de la Autoridad Fiscal limitan el flujo de ingresos extra a un 1% del PIB en su punto máximo, unos 15.000 millones de euros.

Con todo, parece que el punto de partida que dibuja la OCDE acerca más aún el escenario adverso a partir de 2025 en el cual el Gobierno se vería conminado tras las evaluaciones de Airef y Comisión Europea a adoptar medidas por la vía de los gastos o de los ingresos del sistema público de pensiones. Aquí, el Banco de España afina el cálculo asegurando en un reciente estudio de la reforma aprobada en marzo de 2023 que la cláusula de cierre del mecanismo de equidad intergeneracional deberá ser activada para corregir ese año unos 0,8 puntos de PIB de desequilibrio presupuestario en la Seguridad Social, por valor de 12.000 millones de euros.