Escrivá descarta más subidas de cotizaciones o recortes en pensiones para equilibrar el gasto en 2025

Aunque este escenario lo dan por descontado tanto la AIReF como el Banco de España, la Seguridad Social descarta tener que llegar a este punto ya en 2025, cuando se produciría una primera revisión de esta cláusula en base al Aeging Report que elabora la Comisión Europea con las previsiones de gasto en pensiones sobre el PIB y el balance de los ingresos destinados a sufragar la partida que llevaría a cabo la Autoridad Fiscal.

Concretamente, el gasto medio en pensiones sobre PIB en el periodo 2022-2050 será del 14,2%, mientras que el impacto de las medidas de reforzamiento de ingresos supondrán un 1,8% del PIB en media durante ese mismo periodo. Con lo que el gasto en pensiones corregido por el incremento de ingresos quedaría en el 12,4%.

Es precisamente este indicador de gasto corregido el que toma la Seguridad Social como válido para observar el índice de sostenibilidad financiera del sistema. Señalan las fuentes oficiales consultadas por ABC tras la publicación del informe 'Proyecciones del Gasto Público en Pensiones en España' que ese es el verdadero indicador que mide la capacidad del sistema para realizar el esfuerzo económico necesario para sufragar la factura anual de las pensiones porque tiene en cuenta en la proyección tanto el aumento de gasto como el peso que tendrían sobre el PIB las medidas de ingresos que directamente ayudan a financiarlo.

Con todo, de cara a la activación, o no, de la cláusula de cierre se contemplan tres escenarios. En el primero, si el impacto anual medio de las medidas de ingresos es igual al 1,7% del PIB, la AIReF comprobará que el gasto medio bruto público en pensiones en el periodo 2022-2050 del último informe de la Comisión Europea no supere el 15% del PIB. En el segundo escenario, si ese impacto de las medidas es superior al 1,7% del PIB, el gasto no debería superar el 15% del PIB más la diferencia entre el impacto medio anual estimado de las medidas y el 1,7%. Y, por último, si el impacto de la reforma es inferior al 1,7%, el gasto en pensiones no deberá superar el 15% del PIB menos la diferencia entre el impacto anual estimado de las medidas y 1,7%.

Desde la Seguridad Social señalan, no en vano, que en los sucesivos ejercicios de sostenibilidad del gasto en pensiones tendrán que ir incorporando las series más actualizadas del PIB, que están siendo revisadas en la mayor parte de países europeos como consecuencia de los problemas de medición que los institutos estadísticos han enfrentado durante la pandemia y en los años posteriores.

En este sentido, al introducir la última actualización del nivel del PIB actualizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la última revisión de la Contabilidad Nacional en septiembre de 2023, la estimación de gastos e ingresos sobre PIB cambia de manera sustancial. Con el cambio del INE, el gasto medio en pensiones -corregido por el incremento de ingresos- hasta 2050 caería del 12,4% al 11,9% del PIB.

En cualquier caso, tanto el escenario central como el de mayor estrés para el sistema previsto por el Gobierno cierra la puerta a esa toma de decisiones que ya aventuraban los principales organismos de análisis económico de nuestro país. Por un lado, la AIReF calcula de entrada un coste mayor sobre el PIB que los 11,7 puntos porcentuales en el que lo tasa el Ejecutivo en la actualidad, y contabilizando las pensiones de los funcionarios de clases pasivas estima que el gasto total ya rondaría los 13,7 punto del PIB. Este volumen se iría incrementando hasta llegar a un pico del 16,3% en 20249.

Por su parte, el Banco de España estima, en línea con los cálculos de la Autoridad Fiscal que con el análisis conjunto de los principales cambios normativos introducidos en nuestro sistema de pensiones desde 2021 -si bien está sujeto a una elevada incertidumbre-, previsiblemente, «será necesario adoptar nuevas medidas a partir de 2025 para reforzar su sostenibilidad financiera» tomando por válido el apunte de la AIReF que sitúa la media de gasto en el PIB de la horquilla anteriormente mencionada en el 15,1% con tan solo un aporte del 1% del PIB por el lado de ingresos, lo que forzaría la activación de la cláusula ya a partir del trienio posterior a la primera evaluación del 2025. Concretamente, el supervisor prevé que tras la evaluación del primer trienio de la reforma se necesiten compensar 0,8 puntos porcentuales del PIB de desviación del gasto. Es decir, estima que se deberán adoptar medidas para compensar unos 11.200 millones de euros de exceso de gasto.