La Airef advierte de que la reforma de las pensiones disparará el gasto público los próximos 25 años y llevará la deuda al 150%

El escenario central presentado por la Airef en el marco de su esperada opinión sobre la sostenibilidad de las Administraciones Públicas a largo plazo prevé que el gasto en pensiones (que agrega tanto las prestaciones contributivas de la Seguridad Social como las de clases pasivas -funcionario-, al contrario de la foto parcial presentada por el Gobierno) escale desde el 13,7% del PIB en que se movería en la actualidad hasta un máximo del 16,3% del PIB en el año 2049. Las pensiones serán de largo la partida de gasto público que más aumentará en ese periodo, junto a la de los gastos financieros -los intereses para pagar la deuda- que aumentará hasta el 5,1% desde el 2,2% actual.

Las pensiones serán también el principal factor de tensión de las cuentas públicas en los próximos años. La Airef estima que en ausencia de otras medidas y si continua la tendencia actual la brecha entre los ingresos y los gastos de las Administraciones Públicas se irá hasta el 8%, muy por encima del límite del 3% que exige Europa, y ello hará que la deuda pública se vaya hasta el 150% del PIB. Influirán también otros factores relacionados con el envejecimiento de la población, como el incremento del gasto previsto en dependencia o de los gastos sanitarios, pero el factor principal serán sin duda las pensiones que explicarán tres de cada cuatro euros del agujero que este factor demográfico hará a las cuentas públicas.

Los analistas de la Autoridad Fiscal han analizado el impacto financiero de las medidas adoptadas por el Gobierno para garantizar la suficiencia y en principio también la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Su conclusión es que en términos de sostenibilidad las medidas aprobadas lejos de ayudar a garantizarla van a incrementar el desequilibrio financiero del sistema en un monto que alcanzará el 1,1% del PIB a la altura de 2050.

Las proyecciones de Airef, que no han tenido en cuenta el eventual impacto que tenga la introducción de la nueva regla de gasto europea que se supone que obligará a contener el gasto en España, descuentan que el peso del gasto en pensiones sobre el PIB nacional no dejará de crecer durante los próximos 25 años hasta saltar desde el 13,6% en que se encuentra ahora hasta un máximo del 16,3% en 2049. Por realizar una aproximación esos 2,7 puntos de PIB supondrían a día de hoy 35.000 millones más en gasto en pensiones.

La decisión de instituir la revalorización de las pensiones con el IPC, y liquidar de paso el índice de revalorización de las pensiones que limitaba al 0,25% las subidas en tanto las cuentas del sistema no estuvieran en equilibrio, será el principal factor de desequilibrio en los próximos años ya que elevará en 2,7 puntos de PIB los gastos del sistema.

La subida de los ingresos por cotizaciones apenas aportará 1,3 puntos de PIB y el efecto beneficioso de los incentivos para demorar la jubilación ideados por Escrivá se anulará por el efecto perjudicial de la supresión del factor de sostenibilidad, que obligaba a elevar la edad de jubilación o ampliar el periodo de cálculo de la pensión de forma automático en caso de que el desequilibrio de las cuentas fuera persistente.

Habrá un ajuste adicional en este periodo, pero sostenido en una anomalía del sistema: la decisión de que las bases máximas de cotización suban más que la pensión máxima, lo que erosionará el principio de contributividad en que se basa el sistema público de pensiones.

La presidenta de Airef, Cristina Herrero, reconoció ayer que el mandato del Pacto de Toledo de reinstaurar la revalorización de las pensiones con el IPC, impulsada desde los partidos de la coalición de gobierno, ponía muy difícil cuadrar las cuentas, pero también ha puesto sobre la mesa que había medidas que podrían haber contribuido a compensar el efecto sobre el gasto.

Desde Bruselas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha relativizado este viernes las advertencias de la Airef en relación al impacto de la reforma de las pensiones sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas.

Sánchez dio a entender que no se atenderían las recomendaciones de la institución porque la reforma de las pensiones del Gobierno "tiene el aval de la instituciones comunitarias" y garantizar "la paz social", entendida esta como su apoyo por parte de los sindicatos.

El presidente reconoció no haber leído el informe de la Airef, pero defendió la reforma de Escrivá con el argumento de que "ha recibido el aval europeo que era básico y difícil de conseguir" y porque se trata de "una fórmula sostenible y que se basa en el paradigma diferente de aumentar los ingresos en lugar de recortar las prestaciones".

Ese paradigma convertirá también a las pensiones en el principal factor de tensión de las cuentas públicas en los próximos años. La Airef estima que en ausencia de otras medidas la reforma de las pensiones ensanchará, junto a otras factores como la mayor carga de intereses, la brecha entre los ingresos y los gastos de las Administraciones Públicas desde el suelo del 3,3% al que podría llegar en 2026 hasta un techo del 7,7% en 2050, muy por encima del límite de equilibrio del 3% que exige Europa.

La persistencia del déficit hará que la deuda pública coja una constante senda ascendente que la llevará hasta el 147% del PIB en 2050 y hasta el 186% del PIB en 2070 si no se hace nada por evitarlo. No será solo por las pensiones. La Airef advierte de que hay otras cuentas de gasto vinculadas al envejecimiento que también presionará al alza el gasto público y la deuda como la dependencia o la sanidad, pero atribuye a las pensiones tres de cada cuatro euros de nuevo endeudamiento que se derive de este factor.

El detalladísimo trabajo de la Airef ha estimado también el ajuste de gasto que tendrá que ejecutar el próximo gobierno para cumplir con las nuevas reglas fiscales en las que está trabajando Europa. Su estimación es que el gobierno que salga de las urnas en diciembre tendrá que abordar un ajuste anual del gasto de entre 3.500 y 4.000 millones de euros a lo largo de la legislatura.