El Gobierno se gasta otros 3.800 millones de euros en ayudas a un mes del 23J

Se esperaba desde hace semanas un decreto gubernamental que prorrogara en todo o en parte las medidas dispuestas en los últimos meses para paliar los efectos de la guerra de Ucrania. Se esperaba el mantenimiento de la rebaja de IVA a los alimentos y se preveía también la prórroga de las ayudas públicas para abaratar los títulos de transporte público, de las bonificaciones al carburante para transportistas y de algunas ayudas sectoriales

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Nerea San Esteban

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La Autoridad Fiscal estimó hace apenas unas semanas que esa prórroga tendría un coste de unos 2.700 millones de euros. Se quedó corta. El decreto escoba aprobado ayer por el Consejo de Ministros, entre ataques de la ministra portavoz al PP, no solo ha prorrogado hasta final de año la práctica totalidad de los incentivos públicos que vencían el 30 de junio, sino que ha añadido algunas medidas más estirando ese coste, según reconoció ayer la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, hasta los 3.800 millones de euros. La Airef calculó que esa prórroga llevaría el desequilibrio de las cuentas públicas a final de año por encima del 4% (al 4,1%), por encima del 3,9% previsto por el Gobierno, pero el decreto aprobado ayer podría sumar una décima más, hasta el 4,2%. En total, el conjunto de las ayudas por la guerra de Ucrania (bajadas de impuesto, ayudas directas y bonificaciones) costarán 8.900 millones de euros en la segunda parte del año.

Entre las novedades no previstas que se aprobaron ayer está la instauración de un nuevo paquete de medidas fiscales orientado al impulso del vehículo eléctrico. Por un lado se establece un desgravación temporal del 15% en el IRPF, con un límite máximo de 20.000 euros, por la adquisición de un vehículo eléctrico, vigente hasta el final de 2024, pero prorrogable hasta 2025 si se da el visto bueno a la adenda a los fondos europeos presentada por el Gobierno; por otro, una ayuda fiscal similar a los particulares que decidan instalar un punto de recarga, siempre que lo hagan antes del 31 de diciembre de 2024 y ese punto no esté vinculado a una actividad económica. Las empresas y autónomos también dispondrán de un incentivo fiscal en Sociedades para alentar la instalación de puntos de recarga, un compromiso con Bruselas que no marchaba a la velocidad esperada.

En el ámbito de la vivienda, el Gobierno aprovechó el real decreto ley tanto para aprobar medidas que estaban pendientes como para retocar las limitaciones vigentes hasta ahora. En el primer caso, el Ejecutivo dio luz verde al Ministerio de Transportes para que, mediante un acuerdo con el ICO, desarrolle la línea de avales para pagar la entrada de la primera vivienda destinada a residencia habitual y permanente por los jóvenes y familias con menores a cargo, por un máximo de 2.500 millones de euros. Los ingresos individuales de los beneficiarios deben ser de hasta 37.800 euros anuales.

En cuanto a las limitaciones vigentes hasta el 30 de junio, decae ahora la norma que permitía al inquilino prorrogar durante seis meses más su alquiler vencido, sin necesidad de acuerdo con el propietario, y manteniendo las condiciones –y el precio– con las que contaba hasta ese momento. «Esta prórroga era una medida extraordinaria y coyuntural que tenía sentido en el contexto de la pandemia y en los momentos en que la inflación alcanzó máximos», apuntaron ayer fuentes del Ministerio de Transportes, Vivienda y Agenda Urbana. Se prorroga, no obstante, hasta el 31 de diciembre de 2023 la suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos «para personas y hogares económicamente vulnerables sin alternativa ocupacional».

Tras la sentencia del Tribunal Europeo que declaró ilegales las restricciones en la normativa española al despliegue de los vehículos VTC (Cabify, Uber), el Gobierno ha encontrado una salida regulatoria para blindar al sector del taxi frente a la competencia y contener el previsible despliegue de licencias de VTC. El decreto del Gobierno protege al sector del taxi como servicio de interés público y siembra de trabas la concesión de nuevas licencias de VTC, que podrán ser restringidas por las administraciones territoriales por motivos ambientales o de ordenación del tráfico. La prueba del nueve de la orientación de estas medidas es que las organizaciones de taxistas le dieron ayer la bienvenida con tanto entusiasmo, como indignación ha causado en el sector de las VTC.

Entre las prórrogas de ayudas más destacadas de cara al segundo semestre, destaca la ampliación hasta final de año de la rebaja del IVA a los alimentos (fruta, verdura, pan, leche, queso), dejando fuera de nuevo a la carne y el pescado. La nueva rebaja estará en vigor al menos hasta el 1 de noviembre, y quedará anulada ese día si la tasa interanual subyacente del IPC de septiembre es inferior al 5,5% –en mayo, últimos datos disponibles, se situó en el 6,1%–. De no ser así, la rebaja del IVA en los alimentos señalados continuará en vigor hasta el 31 de diciembre. Sumado a esto, el Gobierno realizará un suplemento de crédito de 380 millones para subvencionar durante estos seis meses una rebaja del 30% del precio de los abonos y títulos multiviaje, mientras que los entes autonómicos y locales deberán financiar una rebaja de al menos el 20% en cargo a sus propios presupuestos para lograr un ahorro mínimo del 50% en el precio de los billetes.

Mientras desde Europa se insta a ir retirando las medidas para paliar el impacto de la guerra, el Gobierno no solo prorrogó ayer la devolución aprobada para el transporte marítimo y para el sector del transporte de mercancías por carretera, ampliando la bonificación de diez céntimos por litro del 30 de junio al 30 de septiembre y disponiendo una de cinco céntimos hasta el cierre del ejercicio, sino que decidió extenderla en forma de ayuda al transporte de viajeros, incluyendo a las empresas municipales de transporte, a las empresas de transporte urbano e interurbano y a sectores como el taxi y las VTC. Para pagar estas medidas dispuso un suplemento de crédito de 380 millones.

Se amplía hasta enero de 2024 el plazo –terminaba el 25 de julio– para presentar los nuevos proyectos de energías renovables que actualmente suman 43 GW y que están atascados en distintas administraciones. Asimismo, se prorrogan hasta el 31 de diciembre tanto la exención sobre el 80% del importe de los peajes eléctricos de la que se benefician las empresas electrointensivas desde el 1 de enero de 2022 como el precio máximo de venta de la bombona de butano de 19,55 euros que se estableció en junio del año pasado, aunque actualmente está en 15,96 euros. También se mejoran las referencias de precios de los mercados que definen los parámetros retributivos de las plantas de cogeneración, biomasa y residuos.