Gigantes del Íbex se ofrecen a Montero para dar prácticas a los inspectores de Hacienda en sus empresas

La última aproximación tuvo lugar en la reunión del pasado mes de junio del Foro de Grandes Empresas -la plataforma que sienta cada seis meses a los responsables fiscales de las principales empresas españolas con la cúpula de la Agencia Tributaria para fomentar una relación cooperativa entre ambos- cuando la directora de Asesoría Fiscal del Santander, Carmen Alonso Peña, ofreció la posibilidad de que los responsables fiscales de las grandes empresas tomaran parte en los cursos que imparte el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) a los nuevos inspectores de Hacienda para que éstos puedan conocer de una forma más cercana la realidad del mundo empresarial.

Fuentes del área fiscal de una gran empresa del Ibex aseguran que no es la primera vez que las grandes empresas hacen este tipo de ofrecimiento al Ministerio de Hacienda y que incluso se han llegado a prestar a dar algún tipo de formación práctica a los inspectores en el seno de sus propios departamentos de Fiscal para que tengan las oportunidad de conocer de primera mano las circunstancias a las que deben hacer frente en la dimensión fiscal en su operativa cotidiana.

Las grandes empresas están convencidas de que hay una parte importante de la conflictividad que les lleva a litigar con la Administración Tributaria en los tribunales que es evitable y que parte del desconocimiento de los actuarios del Departamento de Inspección de Hacienda sobre su realidad económica, y que un mayor conocimiento por parte de estos de la forma de funcionar de las grandes empresas multinacionales no solo reduciría esa litigiosidad -que como advirtieron las grandes empresas en su última reunión con la Agencia Tributaria tiene costes económicos para empresas y para Hacienda- sino que facilitaría la relación cooperativa, que es una realidad en otros países europeos pero que no termina de implantarse en España.

Una reciente encuesta interna realizada por la Agencia Tributaria entre sus jefes de inspección y entre los responsables de la asesoría fiscal de algunas de las principales compañías españolas ha revelado hasta qué punto la desconfianza mutua está instalada en la relación entre grandes empresas y Administración Tributaria. Según el trabajo desarrollado en el seno del Foro de Grandes Empresas, la opinión mayoritaria entre los jefes de los Equipos Nacionales de Inspección de la Agencia Tributaria (los que tienen encomendado el seguimiento de las mayores empresas del país) es que la adhesión de una empresa al Código de Buenas Prácticas Tributarias o la aportación voluntaria por su parte de información fiscal no obligatoria a través de los informes de transparencia no implica una mejor observación de las normas fiscales y que, por tanto, no debería implicar un seguimiento menos intenso de su cumplimiento tributario.

Ese estado de opinión es relevante porque las grandes empresas apostaron por la relación cooperativa con la Administración Tributaria en la esperanza de que esa disposición a levantar el velo sobre sus obligaciones fiscales podría conducir, como ocurre en otras jurisdicciones, a menores obligaciones administrativas y a una fiscalización menos intensiva sobre su cumplimiento fiscal. Nada de eso ha ocurrido. Las grandes empresas lamentan de hecho que su disposición a proporcionar información tributaria más allá de lo que establece la obligación legal no haya tenido su correlato en una relación más amigable con la Administración Tributaria.

Las empresas vienen pidiendo una vía más directa y rápida para resolver sus dudas en la aplicación de las normas tributarias, han planteado la posibilidad de tener un inspector de Hacienda de referencia en la estructura de la Agencia y han solicitado acabar con las comprobaciones ordinarias e intensivas cada cuatro años dado que proporcionan información anual sobre su cumplimiento fiscal. Nada han obtenido.

La encuesta realizada por la Agencia Tributaria revela asimismo que las grandes empresas consideran de forma mayoritaria poco razonables los criterios que utiliza Hacienda en la interpretación de las normas tributarias, alegando que se sustentan en «un afán recaudatorio» y ponen de manifiesto «la falta de conocimiento y sensibilidad acerca del funcionamiento real de la empresa en cuestión», según se recoge en el acta de la última reunión del Foro de Grandes Empresas.