La gestión sigue atascada en la Seguridad Social: hasta un año para cobrar el ingreso mínimo vital

El organismo ha reforzado la atención telefónica y ello ha permitido, en algún caso, minimizar las colas en algunas ciudades, pero en otras como Madrid no han desaparecido, y lograr una cita presencial en una oficina puede alcanzar hasta los dos meses. La tramitación de las prestaciones también acumula demoras difíciles de digerir, como las que afectan al ingreso mínimo vital (IMV), una ayuda que iba a ser la 'vacuna anticrisis', que fue aprobada por la vía de urgencia en 2020 y que hoy tiene efectos limitados. Una batería de cambios a sus espaldas no han evitado que siga atrapada en un enredo normativo que tapona su llegada a los hogares más necesitados por sus férreas condiciones para percibirla.

Haraldo Dahlander, responsable de Seguridad Social de CSIF, explica a ABC que esta ayuda tarda en concederse varios meses. Asegura que dos tercios de las solicitudes que se presentan se echan atrás, y que de esos dos tercios, uno termina desistiendo, y «no siempre porque no tengan derecho, si no porque los requisitos saturan y desbordan al que pide la ayuda», y el otro tercio vuelve a reclamar, y en esa nueva solicitud con nueva documentación, la resolución, a veces resulta positiva o negativa, pero tarda en responderse otros dos o tres meses, con lo que «nos vamos a un año fácilmente», dice.

La travesía por la que ha transitado el ingreso mínimo desde que fue aprobado por el Gobierno ha estado sembrada de obstáculos. Más de tres años después de poner en marcha la ayuda que iba a acabar con la pobreza, llega a 690.214 hogares frente a los 800.000 previstos inicialmente, una lentitud en la ejecución que ha sido afeado al Ejecutivo por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).

El pasado mayo el organismo aseguró que dos de cada tres hogares que podrían recibir esta prestación se han quedado fuera de la misma y que la ayuda apenas ha alcanzado al 35% de los potenciales receptores, una crítica que provocó una reacción airada del ministro de Seguridad Social, que no dudó en desacreditar a la presidenta de la Airef por su «estrecha visión de la independencia» y se quejó de la «escasa calidad y falta de fundamentación» de sus datos.

Pero el IMV no es la única prestación que está teniendo demoras en la gestión. Los jubilados también sufren retrasos en la concesión de sus pensiones, que en algún caso, como ocurre en Barcelona, puede llegar a tres meses. Es la mitad de tiempo que llega a acumular una jubilación parcial de un empleado público, según las fuentes consultadas.

La atención al ciudadano en la Seguridad Social sigue instalada, por tanto, en los retrasos, lo que ya provocó el pasado enero un toque de atención del Defensor del Pueblo,Ángel Gabilondo, al ministro José Luis Escrivá para que «resuelva las demoras en la concesión de citas» y «se superen las deficiencias apreciadas en los servicios de atención».

Una situación de colapso que fue el caldo de cultivo para que floreciera un mercado negro de compra venta de citas y de que se generara una ola de descontento en los ciudadanos, que quedó reflejado en el alud de quejas puestas en esta administración. Durante la pandemia se triplicaron las protestas de los ciudadanos, y el año pasado crecieron un 42%, según documentos internos del organismo público de los que ya dio cuenta ABC. De las 934 registradas en 2020 se ha pasado a 2.966 a finales de 2022, ejercicio en el que los centros de atención telefónica y telemática de la Seguridad Social no pudieron atender casi cuatro millones de llamadas.

La situación llegó a unos límites que los sindicatos convocaron protestas por toda España y una huelga general, la primera en la historia del organismo, para exigir medidas de mejora del servicio y más personal para la Seguridad Social, teniendo en cuenta que ha perdido casi el 22% de sus efectivos en una década, entre los que se cuentan algunos de los que decidieron adelantar su marcha gracias a la subida del 8,5% que este año se ha aplicado a la nómina de los jubilados. Aquellos que dudaban si dar el paso, lo dieron, y gracias a esa alza histórica esquivaron las penalizaciones por adelantar el retiro.

En diez años la plantilla ha pasado de 36.000 a 26.000 y hoy la edad media es de 60 años. Hay el instituto de previsión cuenta con 10.000 trabajadores menos, pero el trabajo se ha multiplicado para estos funcionarios, encargados de gestionar y administrar todas las prestaciones del sistema, entre ellas casi diez millones de pensiones contributivas y decenas de subsidios y ayudas, además del IMV, cuya complejidad en la tramitación resta tiempo a los funcionarios para dedicarlo a otras tareas.

Como solución de choque el Gobierno pacto con CSIF y de CC.OO. la incorporación de 3.525 funcionarios para reforzar la plantilla. La idea era que 2.500 de esos nuevos efectivos se incorporarán con oferta pública de empleo y los 1.025 restantes, que fueron contratados para reforzar la gestión del ingreso mínimo vital, se convirtieran en plazas estructurales.

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Las centrales aseguran que ese personal efectivamente se ha incorporado, pero 2.000 de ellos lo han hecho en los servicios públicos de empleo para reforzar la gestión. Su contratación la han realizado las comunidades autónomas.

La gestión en este organismo público tampoco atraviesa uno de sus mejores momentos. Volcado en pagar las prestaciones apenas encuentra empleo a los parados. Como ya informó este diario, de los más de 18 millones de colocaciones que se gestionaron en pasado año, último ejercicio completo, el SEPE apenas participó en 319.400, según reflejan los últimos datos de la EPA.

Cuatro meses después de que la Seguridad Social cerrará el acuerdo con CSIF y CC.OO. estos denuncian que la última reunión que mantuvieron con el Gobierno fue en junio y que desde entonces no han tenido ningún contacto. Explican a ABC que los puntos de negociación que se acordaron en la mesas de diálogo no se han abordado prácticamente y lanzan una advertencia a Escrivá: «Si en diciembre no están cerrados los compromisos de negociación adquiridos, convocaremos huelga».

Cuando las centrales sellaron el pacto con la Seguridad Social ya advirtieron que estarían vigilantes para que se cumplieran todos sus objetivos. Avisaron entonces que la convocatoria de huelga sólo se posponía y que no dudarían en activarla de nuevo si el Ejecutivo no cumplía su palabra. Ahora, denuncian que apenas se ha avanzado y que la falta de atención al ciudadano no se ha solucionado.