Los funcionarios exigen a Sánchez que dé «las instrucciones oportunas» para su «inmediata subida de sueldo»

En la misiva instan a Sánchez a que el Ministerio de Función Pública convoque «con carácter de urgencia» la mesa para comenzar a negociar un acuerdo plurianual que «mejore las condiciones laborales y retributivas del colectivo». El último acuerdo salarial fue sellado sólo con UGT y CC.OO. para los ejercicios de 2022, 2023 y 2024.

El sindicato que dirige Miguel Borra carga contra el titular de Función Pública, Óscar López, tras asegurar que de sus declaraciones recientes se desprende que no se abonaran los atrasos pendientes del pasado año hasta que haya unos nuevos presupuestos, lo que supone «agravar más -dicen- la pérdida de poder adquisitivo».

Noticia Relacionada

Europa prepara sanciones a España por el 30% de temporalidad pública

Susana Alcelay

Bruselas abrió dos expedientes previos a nuestro país por incumplir la ley y el Plan de Recuperación, que situó en el 8% la eventualidad

«Las manifestaciones realizadas por un ministro de su Gobierno ya no resultan extrañas para los empleados públicos, ya que cuando se trata de cumplir los acuerdos suscritos por el Ejecutivo, se han convertido en habituales en estos últimos años, como ya ocurrió en 2020 y 2023, cuando alegaron -afirman- que no podían aplicar la subida salarial, en el primer caso porque su Gobierno estaba en funciones, y en el segundo porque no había presupuestos». Recuerda CSIF en su escrito que «sólo cumplieron con su obligación mediante la aprobación de los correspondientes reales decretos, cuando miles de empleados públicos salieron a calle exigiendo su cumplimiento».

Para el sindicato, «las declaraciones de Óscar López sólo constatan, una vez más, la falta de voluntad política y, fundamentalmente, el desinterés del Gobierno que usted preside con los empleados públicos, toda vez que estando a mediados de mayo no sólo no se ha procedido al abono de las cantidades adeudadas, si no que, pese a las reiteradas peticiones que desde CSIF se han trasladado tanto a la secretaría de Estado como al propio ministro de Función Pública, no se ha iniciado la negociación de la subida salarial para 2025«.

Por todo ello, recuerdan al jefe del Ejecutivo que a lo largo de las legislaturas ha utilizado «en reiteradas ocasiones» la fórmula del decreto ley «como vehículo normativo para regular medidas en materia económica». Citan la subida de las pensiones y las retribuciones para los empleados públicos, «lo que evidencia -explican los funcionarios- que sí existe una clara voluntad por parte del Gobierno de adecuar las retribuciones no existe ningún obstáculo legal que lo impida«. Según cálculos de CSIF, el Gobierno adeuda al conjunto de empleados públicos una media de 1.200 millones en concepto de atrasos y por la evolución del IPC.

Como ya informó este diario, los funcionarios exigen que los salarios del personal público se revaloricen cada año con el IPC más un porcentaje adicional, igual que ocurre con las pensiones para evitar así situaciones como la actual, en la que el alza del colectivo queda a expensas de los que decida el Gobierno. Para evitarlo, CSIF ha propuesto a los grupos parlamentarios que la nueva fórmula se recoja en una proposición de ley .

Los empleados públicos también denuncian que la temporalidad se ha estancado en el 30% en la Administración, superando ampliamente el límite acordado con Bruselas y el objetivo recogido en la ley de Estabilización del Sector Público de 2021 -es el doble que en el sector privado-. Por ello, piden que se elimine la tasa de reposición, tal y como se comprometió el ex ministro de Función Pública, José Luis Escriva. Junto a esta medida reclaman negociar una nueva oferta de empleo público para 2025 con la supresión de esa tasa, además de la jornada de 35 horas, la implementación de carrera profesional en todas las administraciones y el teletrabajo. Entre sus peticiones también está la mejora de las condiciones de jubilación del régimen general y clases pasivas y una «regulación inmediata» para que el conjunto de los empleados públicos pueda acogerse a la jubilación parcial.