Bruselas abre expediente a España por persistir en la discriminación a los interinos

El envío de la misiva es la primera fase, es un aviso, una petición formal para que un Estado cambie su legislación. A partir de ahora España tendrá dos meses para responder a las dudas de la Comisión Europea e incorporar al derecho nacional los requisitos de la directiva exigida. En el supuesto de que no lo haga el asunto puede terminar en el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

De forma paralela España se arriesgaría a pagar multas diarias. El procedimiento de infracción contra nuestro país lleva activado desde 2014, pero «aunque España ha modificado las normas desde entonces, persisten los problemas de discriminación», explica la Comisión, que ha centrado su crítica en «las diferencias de trato en relación con el cálculo de la antigüedad, el derecho a algunos permisos o el acceso a las trayectorias profesionales».

El abuso de los interinos no es una cuestión que sea ajena a la Justicia europea, en especial el encadenamiento abusivo de contratos que sufren. El tribunal con sede en Estrasburgo ha reprochado esta situación al Gobierno en varias ocasiones, la última fue el mes pasado, cuando reclamó la fijeza de contratos para los trabajadores temporales del sector público. Pero el expediente de ahora no hace alusión a la precariedad que sufren.

Un millón de trabajadores en España en todas las administraciones y en todas las regiones trabajan de forma temporal. Algunos pueden ocupar vacantes por meses, por años y otros se jubilarán incluso habiendo encadenado contratos durante toda su vida. Como ya informó ABC, en la cuenta atrás para que el Gobierno tenga que rendir cuentas a Bruselas y hacer de la temporalidad en el sector público una excepción, los datos no acompañan.

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Esos miles de empleados públicos que trabajan para la Administración con un contrato de duración determinada deberán hacerlo de forma indefinida, o dejar de prestar sus servicios en el Estado a final de año. Así se recoge en la Ley de Estabilización comprometida con Bruselas en el Plan de Recuperación enviado a la Comisión Europea, en la que se fija en el 8% la tasa de temporalidad en las distintas administraciones españolas. Hoy esta tasa apenas cede, sigue estancada en el entorno del 30%, lo que se traduce en que la plantilla eventual deberá mermar a final de ejercicio en más de 20 puntos, en unos 800.000 trabajadores.

CSIF, el sindicato mayoritario en la Administración celebró este jueves el toque de atención de la Comisión. Pedro Poves, su portavoz jurídico, aseguró a este diario que el interino no tiene opción de promocionar ni de hacer carrera profesional en la Administración y denunció que a colectivos como los profesores los contratan y los despiden en verano. El responsable sindical explicó que se mantiene el abuso de la temporalidad y que España «no cumplirá el objetivo del 8%» y aprovechó también para exigir que se elimine la tasa de reposición, como prometió Escrivá. Es intención del sindicato mayoritario en la Administración reclamar «que se endurezcan las medidas contra las administraciones que no cumplan y denunciar a aquellas que abusen de la precariedad en el empleo».

Entre tanto, el Tribunal Supremo mantiene congelados todos los casos en los que trabajadores interinos reclaman ser reconocidos como fijos por abuso de temporalidad hasta que el TJUE se pronuncie sobre la cuestión que le remitió el Alto Tribunal el 30 de mayo de 2024. El Supremo preguntó al TJUE si es conforme a derecho europeo la doctrina jurisprudencial que niega a los interinos la condición de fijos porque no han superado oposiciones. A la espera del dictamen de Europa, el tribunal español defiende los «principios de igualdad, mérito y capacidad» para acceder a la Administración.

Además, el Ejecutivo comunitario también dio este jueves un toque de atención a España por las restricciones a la normativa nacional de planes de pensiones. Según Bruselas, la prohibición de cotizar en planes de pensiones profesionales y personales por encima de las cantidades máximas deducibles a efectos fiscales, puede entrar en conflicto con la libre circulación de trabajadores, servicios, capitales y el derecho de establecimiento garantizados por los Tratados. Cree la Comisión que tal prohibición es un obstáculo en el mercado único y limita el acceso a las pensiones complementarias, aunque no cuestiona los importes deducibles. El hecho de que España permita transferencias nacionales, pero no transfronterizas de derechos de pensión en regímenes complementarios de pensión también puede ser contrario a las libertades del mercado interior.