Función Pública permitirá al País Vasco contratar más funcionarios que los que se pierden

De esta forma, el Ejecutivo vasco tendrá la potestad y capacidad para crear un número de plazas de empleo público en el área de la Justicia superior a las que pueda sacar a concurso el resto de España. Desde CSIF trasladaron su rechazo a la iniciativa de Función Pública que, dicen, supondrá una «discriminación para el resto de administraciones y romperá el principio de equidad en el acceso a los servicios que reciben nuestros ciudadanos».

En este sentido, el sindicato de funcionario lamenta que el Gobierno no aportase datos globales sobre la oferta de empleo público, más allá del criterio general de que se creará empleo neto y que se reforzarán las plazas de atención al ciudadano. «Trasladamos una queja porque el departamento de Óscar López está llevando una negociación sin aportar la información necesaria para que las organizaciones podamos valorar con objetividad la oferta de empleo», inciden.

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Susana Alcelay

Cabe resaltar que el único dato aportado por Función Pública fue la pérdida de 22.000 efectivos durante el 2024, «el equivalente a los puestos amortizados en la última década», como consecuencia del envejecimiento de la plantilla, asegura el sindicato.

En los últimos 10 años se ha producido una pérdida neta de 20.046 empleos. Además, el problema de escasez de personal para la prestación de servicios a la ciudadanía se agrava si se tiene en cuenta que más de 45.000 trabajadores, el 21% de la plantilla, tienen más de 60 años, encontrándose, por ello, en edad de jubilación, dicen. A esto hay que sumarle, que en líneas generales el envejecimiento en las plantillas de la administración española es alarmante, en relación a los países de nuestro entorno, tal y como refirió la OCDE la semana pasada en un informe donde recogía que en nuestro país más del 40% de la fuerza laboral tiene 55 años o más. Tal es así que se prevé que el 55% de la plantilla se jubilará en 10 años, según datos del registro central de personas.

Por ello, CSIF reitera que no avalará con su firma una oferta de empleo público «discriminatoria», que impida reducir el déficit de plantillas y frene la renovación generacional en el resto del Estado, permitiendo al Ejecutivo vasco reforzar sus plantillas públicas por encima del resto de territorios, dicen. Y concluyen que «no solo se trata de crear empleo neto», sino de realizar un análisis en profundidad de las plantillas para «solventar las necesidades de los ámbitos más necesitados de esta Administración».

El sindicato representante de los funcionarios españoles ya se opuso a esta cuestión incluida en los acuerdos de investidura entre los grupos parlamentarios de PSOE y PNV, acuerdos que también abrían la posibilidad a que la comunidad vasca aprobara incrementos en las retribuciones de sus empleados públicos por encima de lo previsto en los Presupuestos Generales del Estado.

Más allá de esta cuestión, CSIF rechaza «que se mantenga la tasa de reposición, que no se aporten datos de plazas nuevas impidiendo evaluar la creación y la evolución del empleo neto, que se reduzca la promoción interna significativamente, que se excluya de ésta al personal laboral en el Exterior y que hayan caducado plazas de la OEP 2022 (como ya ocurrió en las del 19, 20 y 21) por la lentitud en la celebración de procesos selectivos».

Igualmente, exigen que se se abone «de manera inmediata, por la vía del decreto», el 0,5 por ciento salarial pendiente del año pasado y que se inicie la negociación de un nuevo acuerdo para aplicar la subida pertinente de este año. Asimismo, afean al equipo negociador del departamento de Óscar López Función no tener instrucciones para negociar salarios.