Los expertos plantean una jubilación flexible y compatible con el sueldo a partir de los 67 años para aliviar al sistema de pensiones

Con este caldo de cultivo el think tank hace un balance ciertamente negativo sobre la actual legislación española que regla el tránsito del mercado laboral a la jubilación. «Es un sistema excesivamente rígido», apunta como gran conclusión el directo de Fedea, Ángel de la Fuente, que pone sobre la mesa los elementos que centran el debate demográfico de los próximos años: el incremento de la esperanza de vida, la baja tasa de fecundidad y el retén de jubilaciones del 'baby boom' que el sistema español debe absorber a partir de este momento, y que se produce con mayor decalaje respecto a los países del entorno comunitario.

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Uno de los aspectos que los autores del estudio 'Envejecimiento y jubilación' abordan es cómo estos elementos sitúan a España frente a un escenario en el que irá mermando progresivamente el nivel de población ocupada y en edad de trabajar, mientras el tope de la pirámide poblacional crece paulatinamente alojando cada vez a más personas por encima de la edad legal de jubilación (67 años a partir de 2027). El punto del que parte la propuesta de Fedea es lograr ciertas ganancias de productividad y riqueza a partir de la mejora de las condiciones de vida a partir de una edad avanzada. Una propuesta, en síntesis, para sacar partido a esa cohorte de población mayor pero con buenas condiciones vitales para compaginar la vida laboral y la jubilación, y que quiera permanecer con ciertos niveles de actividad una vez alcanzada la edad de retiro.

Es aquí donde los economistas de Fedea José Ignacio Conde-Ruiz y Sergi Jiménez-Martin apuntan en primer lugar a las deficiencias del modelo actual y donde apuntan a una propuesta de simplificación y máxima flexibilización del proceso de jubilación, también como una vía óptima de mejora de la posición financiera de la Seguridad Social. De hecho, una de la premisas de la que parte el estudio es el rechazo del planteamiento de que un alargamiento puro de la edad jubilación redunda en una mejora de la salud financiera del sistema, sino que es un mejor canal de tránsito el que posibilita esta ganancia de sostenibilidad en el largo plazo.

Recuerdan los expertos de Fedea que si bien existen ciertas vías de escape a la regla general de incompatibilidad entre salario y pensión, muchos de estos caminos están pagados de obstáculos que impiden su buen funcionamiento y extensión entre los trabajadores. Concretamente, se refieren a las restricciones que desincentivan el uso de la jubilación activa, la parcial, la flexible, y la que permite compatibilizar la pensión con una actividad por cuenta propia (siempre y cuando esta no reporte beneficios superiores al valor del salario mínimo interprofesional). Además, de la nueva opción de jubilación demorada que aplica un incentivo que en cualquier caso le sale a cuenta a la Seguridad Social, pese a las opciones ahora facilitadas para percibir en un pago único la mejora causada en la prestación.

Los economistas señalan que en cualquier caso la salida del mercado de trabajo hacia la jubilación debería estar caracterizada por un proceso no homogéneo para todos los trabajadores y que tenga en cuenta cómo de dura o exigente físicamente es la profesión y el estado de salud del trabajador; un proceso flexible, en el sentido de que los trabajadores no pasarán necesariamente de trabajar a jubilarse en una sola noche, sino que ha de ser posible optar por una reducción gradual de la jornada laboral, a través de una reformulación de la jubilación parcial, haciéndola accesible a todos los trabajadores hasta la jubilación total; y una vez alcanzada la edad normal de jubilación, el sistema debe permitir, si así lo desea el trabajador, la plena compatibilidad entre la percepción de la pensión y el salario.

De este modo, Fedea plantea que la pensión sea compatible con el trabajo en todas las edades, sin penalización sobre el montante de la pensión después de la edad normal de jubilación, y con penalización dependiente del nivel salarial, salud o penosidad del empleo, antes de la edad normal de jubilación.

Además, el objeto de evitar cualquier forma de discriminación, la nueva jubilación activa no debería excluir a ningún trabajador, siempre que cuente con un mínimo de años cotizados y con el derecho a alguna forma de jubilación; y se plantea la eliminación de la obligación de pasar un año por la jubilación demorada (o la inactividad) para acceder a la jubilación activa a todas las edades, con la posibilidad de seguir en el mismo trabajo a tiempo parcial con cualquier porcentaje de jornada.

En términos de cotizaciones, tanto para la jubilación activa como para la demorada, la regla actual establece que, una vez completada la carrera contributiva (en términos de edad y cotizaciones requeridas), el trabajo posterior deja de cotizar o a lo sumo, en el caso de la jubilación activa, cotiza a una tasa reducida (cuota de solidaridad).

«Si bien se podría optar por conservar la configuración actual, nuestra percepción es que si se opta por flexibilizar plenamente el acceso al trabajo después de empezar a cobrar la pensión lo más justo con el conjunto de trabajadores (pensionistas o no), que compiten por el mismo conjunto de trabajos, es que la cotización se haga a la misma tasa para todos», señalan los expertos. Así, los trabajadores continuarían cotizando por la escala general (como en EE.UU.) y su pensión se recalcularía una vez finalizada la demora o el período de compatibilización entre pensión y salario, premiando el tiempo y las cotizaciones adicionales aportadas al sistema durante el periodo de extensión de la carrera laboral siempre que esto no reduzca la cuantía de la prestación.

Para reducir la maraña burocrática y condicionada sobre las relaciones laborales una vez cumplida la edad de jubilación, se plantea crear un nuevo contrato laboral de plena compatibilidad con la pensión. «El objetivo es que el jubilado activo pueda seguir trabajando, a tiempo completo o parcial, en la misma o distinta empresa, por cuenta ajena o propia, sin topes máximos de retribución», plantea el estudio puntualizando que la pensión sería plenamente compatible con cualquier salario o renta.

Con este nuevo contrato compatible con la pensión, el jubilado podría realizar cualquier trabajo retribuido por cuenta propia o estar dado de alta en el régimen especial de autónomos sin topes retributivos. Puesto que este contrato se aplicaría a gente que tiene ya la seguridad de su pensión pública, debería tener un régimen extintivo especial, sin costes indemnizatorios para la empresa contratante. Se podría establecer un periodo de tiempo mínimo de preaviso al trabajador y a la empresa, para romper libremente la relación contractual en caso de desistimiento de cualquiera de las partes.